10 propuestas

El Sindicat de Llogateres avanza sin descanso desde el 2017 en la protección de las personas que viven de alquiler, luchando por la desmercantilitzación de la vivienda y el suelo, con el objetivo de proteger nuestros hogares y comunidades, porque justamente es allí donde la vida tiene lugar. Fruto de este empujón, en solo cuatro años, el Sindicat de Llogateres ha conseguido hacer realidad muchos de los objetivos que formuló con su fundación: parar los fundes buitres, evitar la expulsión de las inquilinas, bajar los precios, cancelar deudas ilegítimas, prolongar la duración de los contratos, regular los precios del alquiler en nuestro país, hacer efectivo el derecho a un hogar y a sindicarse para salvaguardar este derecho. En esta próxima etapa actualizamos un programa para ganar, fruto del debate colectivo, autónomo y de base:

Tenemos que blindar y mejorar la regulación del precio de los alquileres. La Ley 11/2020 es un hito histórico, una regulación innovadora y única, fruto del trabajo del Sindicat de Llogateres y de la lucha colectiva. Rompe con 35 años de neoliberalismo y de desprotección social (desde el Decreto Ley Boyer de 1985), y demuestra que se puede regular el precio de los alquileres. Es un referente inevitable para futuras legislaciones y tenemos que conseguir que los precios se referencien al ingreso de los hogares para así bajar el precio de los alquileres de manera drástica, teniendo en cuenta el coste de la vida y no los intereses especulativos del mercado.

punt-u

Exigimos que todos los contratos de alquiler sean automáticamente renovables y así prohibir las expulsiones cuando finaliza un contrato. Los alquileres se renovarán automáticamente al final del contrato si así lo desea la inquilina y se tendrá que eliminar el régimen de tácita reconducción. La ciudadanía ya hace tiempo que reclama seguridad de tenencia y es necesario que hagamos realidad esta demanda que ya es normalidad al resto de Europa. Antes la vida que los intereses rentistas.

punt-dos

Las inquilinas no pagaremos más honorarios abusivos. Los honorarios de la gestión inmobiliaria, que los pague el rentista. Es una cuestión de sentido común: quién hace el encargo de comercialización de un inmueble es quien tiene que asumir los gastos derivados, tal y como pasa en el resto de Europa. Hay que regular el papel de las inmobiliarias con normas muy claras con el objetivo de prohibir los abusos y las vulneraciones de derechos. Tenemos que acabar con los procesos de selección humillantes a los cuales la gente se ve obligada a someterse para acceder a una vivienda de alquiler, la discriminación hacia personas que son descartadas de cualquier posibilidad de alquilar una vivienda es solo explicable por el clasismo de los agentes inmobiliarios que atenta contra los derechos humanos.

punt-tres

Exigimos un marco legislativo inflexible con multitud de cláusulas abusivas, los sobrecostes injustificados y la manipulación que la propiedad hace de la fianza. La fianza tiene que ser una sola mensualidad y una mensualidad añadida en caso de viviendas amuebladas. La propiedad no puede retirar la fianza depositada al registro público sin un documento que acredite la extinción del contrato de arrendamiento y el acuerdo firmado por arrendador y arrendatario. Se tienen que prohibir las garantías adicionales y que se cobren a las inquilinas seguros de impago.

Las inquilinas tenemos derecho a la libre sindicación, negociación colectiva, y huelga. Cualquier vulneración de los mismos tiene que acontecer una acción o cláusula nula en un contrato de arrendamiento. Además, ante las actuales situaciones de vulneración del derecho a la vivienda, y a la espera de los cambios legislativos y las políticas públicas que enderecen la situación, apoyamos y consideramos como legítimas aquellas resistencias inmediatas practicadas por los y las inquilinas, incluyendo la permanencia en la vivienda “a precario” cuando el propietario haya rechazado la renovación del contrato sin ninguna justificación y la ocupación de propiedades verticales que se encuentren vacías.

deu-punts

Es urgente una recuperación de las viviendas desviadas al mercado turístico y de temporada. Las administraciones devolverán los más de 80.000 viviendas con licencia turística al sistema residencial de nuestras ciudades y pueblos con problemas habitacionales. También impulsarán una legislación que ayude a combatir los alquileres de temporada fraudulentos, que se utilizan para evitar los contratos de alquiler obligatorios en el caso de vivienda habitual.

deu-punts

Hay que poner en marcha un aumento exponencial del parque de vivienda pública y protegido de alquiler. Las administraciones públicas únicamente promoverán la vivienda de alquiler de titularidad pública, puesto que el patrimonio público tiene una calificación de protección oficial perpetua, según el Decreto Ley 17/2019. Así mismo, los promotores privados tendrán que destinar la mayoría de lo que construyan a vivienda de protección oficial de alquiler.

deu-punts

Hay que satisfacer la deuda histórica con la sociedad de recuperar todas las viviendas vacías, así como aquellas manos de fondos buitres, bancos, fondos de inversión y grandes tenedores para uno destino social. Este es un mecanismo fundamental para la ampliación del parque protegido de alquiler. Las viviendas que no pasen a ser de titularidad pública y sigan en manos de grandes tenedores, tendrán que pasar a alquilarse a uno precio asequible o efectuarse alquileres sociales de acuerdo cono la Ley 24/2015.

Hay que aplicar el Alquiler Social Obligatorio (LSO) como alternativa al desahucio de cualquier persona en situación de vulnerabilidad. Los grandes propietarios, en cumplimiento de la ley 24/2015, tienen que ofrecer un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad para evitar que sean desahuciadas por impago del alquiler o finalización de contrato. Pero este deber se tiene que extender a cualquier clase de arrendador que desahucia hogares vulnerables. Esta es una responsabilidad que hay que asumir hasta que nuestro país no disponga de un parque público de vivienda suficiente. La vivienda tiene que ser un derecho subjetivo, las administraciones públicas tienen la obligación de realojar a las personas desahuciadas por la imposibilidad de pagar el alquiler y las inquilinas tenemos derecho a una defensa justa ante un proceso de desahucio, donde se considere el derecho a la vivienda y no el derecho a la propiedad. Aun así, hay que derogar el procedimiento de “desahucio exprés” establecido a la última reforma de la LEC 1/2000.

Es urgente la eliminación de herramientas de especulación financiera, como las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) y otros tipos de sociedades que cuentan con grandes exenciones tributarias. Son un ejemplo de injusticia fiscal (bonificación del impuesto de transmisiones, exención del impuesto sobre sociedades, etc.), que han contribuido a disparar los precios y aumentar el número de expulsiones en nuestras ciudades y pueblos.

 

 

 

 

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