La semana pasada, dos noticias centraban el debate sobre vivienda. La primera, el ministro Ábalos se opone al pacto de gobierno que acordaba regular los precios de los alquileres, una medida propuesta por las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda y apoyada por más de 9.000 entidades sociales. La segunda, Holanda empezará a regular los precios de los alquileres del mercado privado, donde los precios no podrán subir más de un 1% (más el IPC) en los próximos 3 años; mientras el Parlamento Europeo aprueba mociones que dan luz verde a la regulación de precios e insta al Ministro Ábalos a aprobar esta medida.
Mientras Europa apunta hacia la regulación de los alquileres como medida urgente para paliar la crisis de vivienda y el aumento sostenido de precios en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, el ministro Ábalos y el PSOE ceden a los intereses de la patronal inmobiliaria española (fondos buitre como Blackstone o el mayor banco de España como CaixaBank). Europa protege los intereses de la ciudadanía que vive de alquiler, España prefiere proteger los intereses de los mayores propietarios del país.
Lo más importante de la regulación de precios holandesa es que controlará el 20% del parque de viviendas que todavía no estaba regulado, es decir, el mercado de alquiler privado. El 80% (2.3 millones de hogares) de vivienda en alquiler ya es vivienda de protección oficial, cuyos aumentos son controlados anualmente por el Gobierno holandés. En resumen, la regulación de precios holandesa protegerá a al menos 560.000 viviendas más, de acuerdo a las fuentes oficiales. Esto vuelve a demostrar que la regulación de precios es necesaria incluso para los países que tienen un amplio parque de vivienda pública. Las presiones especulativas son enormes. Por ello, no solo hay que aumentar la oferta de vivienda pública, sino también intervenir el mercado privado para limitar la especulación.
El contraste con España no puede ser más acuciante. Con solo un 2,5% de vivienda pública, el ministro Ábalos decide no regular los alquileres “porque también son un bien de mercado”. Es decir, prefiere dejar el 97,5% del mercado en manos de los fondos buitre, bancos y la clase rentista, quienes ejercen una enorme influencia y presión en las expectativas de aumento de los precios de los alquileres. Lo que es peor: Ábalos decide darles más incentivos fiscales si bajan los alquileres de forma voluntaria. Para ser más concretos, Ábalos pretende dar más privilegios a los grandes propietarios (que disfrutan de una bonificación fiscal media del 95%) y que los arrendadores particulares paguen todavía menos (hasta ahora no tributaban el 60%, con la propuesta de Ábalos llegarían hasta el 90%). Esto no solo es una injusticia y hace más grande el agujero del erario público, sino que además es ineficaz, tal y como lo han demostrado la autoridad fiscal (AIREF) y los técnicos de Hacienda (GHESTA).
En Holanda, la medida se aprobó con el único voto en contra de la extrema derecha, Forum for Democracy, cuyo líder es Thierry Baudet. Tanto los partidos conservadores como la socialdemocracia votaron a favor. En España, es increíble que sea el propio ministro Ábalos quien esté haciendo de portavoz de las propuestas de la extrema derecha. Está a tiempo de rectificar y de escoger cuál será el contenido de la Ley de Vivienda: una Ley que conceda más privilegios fiscales a la patronal inmobiliaria o más derechos sociales para las familias que viven de alquiler.