Analizamos el acuerdo de Govern entre ERC y Junts

Tras unas semanas de suspense, ya hay acuerdo de Gobierno entre ERC y Junts. ¿De qué manera incidirá en la emergencia habitacional que padecemos? ¿Qué medidas se proponen en el programa de coalición para garantizar el derecho a la vivienda? ¿Se incluyen las medidas que el Sindicato de Inquilinas había acordado con los partidos?

Mientras el acuerdo que ERC firmó con la CUP incluye las demandas principales del Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones que defienden el derecho a la vivienda, el acuerdo que presentó ayer ERC y Junts no lo hace. No se incluyen las principales propuestas que consideramos necesarias para defender la vivienda y dar una respuesta urgente a la grave crisis habitacional.

Más concretamente, estas son las medidas que había en el acuerdo ERC-CUP y que no están en el acuerdo ERC-Junts

  • Defender la Ley de Regulación de Alquileres catalana y garantizar su continuidad (11/2020) mediante la aprobación de una Ley de Alquileres general que consolide el progreso en un solo texto legislativo.
  • Asegurar que esta nueva Ley de Alquileres impide las expulsiones injustificadas al final del contrato de alquiler, que actualmente lo convierten en sinónimo de inseguridad.
  • Prohibir los honorarios abusivos y asegurar que los paga la parte arrendadora, que es para quien trabajan las inmobiliarias.
  • Desarrollar políticas de protección de las viviendas para garantizar que el sector turístico no disminuye la oferta de vivienda residencial.
  • Prohibir la BRIMO en los desahucios.

Por otra parte, el acuerdo entre ERC-Junts limita mucho las políticas de vivienda que se puedan llevar a cabo, ya que proponer canalizar los recursos públicos procedentes de los fondos europeos Next Generation UE hacia los propietarios que rehabiliten sus pisos. Es decir, las ayudas europeas acabarían en los bolsillos de los arrendadores: entre ellos, los fondos de inversión y socimis, y sin contrapartida (como contratos de alquiler estable y precios regulados). Esto supondría poner aún más recursos públicos en manos de la especulación.

Por tanto, concluimos que este acuerdo de Gobierno no marca una hoja de ruta útil para abordar la emergencia habitacional de este país y dar pasos adelante. No hay compromisos y metas a alcanzar más allá de lo que ya sabíamos: recuperar los preceptos que el Tribunal Constitucional ha tumbado de la ley 17/2019 (los alquileres sociales automáticos para personas vulnerables) en forma de ley.

Aún así, animamos al presidenciable de la Generalitat, Pere Aragonès, a asegurar que el Govern en su conjunto está comprometido con las políticas que necesitan urgentemente miles de familias, que hace años que reclama la ciudadanía, y que están recogidas en el acuerdo de marzo de 2021.

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