En la última década, a pesar de todas las carencias y límites, los movimientos populares hemos conseguido gracias a la organización y al apoyo mutuo, ampliar los imaginarios de aquello posible y conseguir nuevos derechos para la mayoría social. La batalla por la vivienda es un claro ejemplo de ello. Hemos abierto camino, haciendo cosas que nos decían imposibles, como parar miles de desahucios, recuperar edificios vacíos en manos de bancos, negociar y acordar contratos colectivamente, organizarnos masivamente para tener una voz fuerte frente a los especuladores o intervenir el mercado para forzar bajadas obligatorias de precio.
Pero este movimiento para ampliar derechos y poner límites al poder económico que nos estrangula, ha encontrado una reacción represiva policial, económica e incluso judicial, que sufrimos en primera persona desde hace años. Ya antes del crecimiento electoral de VOX y PP, veíamos cómo sus ideas y prácticas -siempre al servicio de los más ricos- eran asumidas por las propias estructuras del Estado: espionaje a personas que defienden los derechos humanos, multas a quienes para desahucios o juicios penales a quienes hacen frente a los fondos buitres, entre otras.
Esta reacción en el seno de fuerzas policiales y del poder judicial ha ido de la mano de la de los principales medios de comunicación con sede en Madrid, que han jugado un papel clave durante los últimos años. A pesar de la persistencia de una crisis de vivienda brutal, que está reventando nuestras ciudades y pueblos, las grandes centrales mediáticas han dejado de dar cobertura a los desahucios y a los alquileres abusivos para hablar de okupaciones a todas horas. Mientras las víctimas de la especulación son invisibilizadas o demonizadas, los pelotones neonazis que “desokupan” con métodos criminales se pasean por todos los platós de televisión, apareciendo como benefactores, y se promueve la preocupación por una amenaza inexistente entre una población que destina más dinero que nunca al sostenimiento de la vida.
Esta violencia mediática ha encontrado el caldo de cultivo en una época de fuertes desigualdades, inseguridades y fragmentación de los vínculos vecinales y comunitarios, caracterizada además por la incapacidad de las apuestas municipalistas y las fuerzas de izquierda en general para poder transformar y mejorar notablemente la vida de las clases populares desde las instituciones. El resultado ha sido catastrófico: si antes estas ideas y prácticas neofascistas eran minoritarias, ahora han ganado terreno como un cáncer social.
El Sindicato somos una fuerza apartidista, que se organiza a partir de la convicción de que es desde la autonomía y el poder popular de base que podemos transformar la sociedad de verdad. A la vez, nunca hemos infravalorado la relevancia política de parlamentos y gobiernos y de los efectos que estos tienen sobre nuestras condiciones de vida y nuestros derechos sociales. Ante el enorme riesgo de victoria electoral del neofascismo y de la expansión de sus idearios, gritamos a toda la ciudadanía a no caer en la indiferencia y a movilizarse en todos los frentes. En las calles, como siempre hemos hecho, para continuar avanzando y abrir nuevos horizontes. En los espacios transformadores como el Sindicato, afiliándonos, dándoles más consistencia y multiplicando fuerzas. Ahora es más necesario que nunca seguir organizándonos para seguir ampliando derechos y libertades para la mayoría. ¡No pasarán!