Parar los desahucios es una cuestión de voluntad política

El inicio de curso y la reanudación de la actividad de los Juzgados se ha materializado con un aumento muy importante del número de desahucios en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana. Sólo durante la primera semana de septiembre, el movimiento por la vivienda tuvo que hacer frente a más de 150 desahucios.

La paralización temporal de los desahucios ha estado más relacionada con la paralización de los juzgados, que con la moratoria decretada por el Gobierno del Estado. Desde el mes de marzo ha habido una suspensión de una parte importante de los desahucios que había programados como consecuencia del descenso de actividad en los juzgados. Todos estos desahucios son de familias que en su momento recibieron una demanda por impago, finalización del contrato o por vivir en precario. Familias vulnerables que no han tenido ninguna oportunidad de mejorar su situación económica en plena pandemia, y mucho menos, de encontrar una alternativa habitacional. La moratoria de seis meses que hizo el Gobierno del Estado paralizara sólo los desahucios de familias con procedimientos de impago por causas relacionadas con el COVID. Ya expusimos en su momento que esta medida estaba desfasada y fuera de lugar. Es obvio que las personas que dejaron de pagar en abril, a estas alturas, posiblemente, no tengan aún una demanda por impago. Y si la tuviesen, por una cuestión de tempos judiciales, no tienen sentencia y mucho menos aún, fecha de desahucio.

Hace falta la aprobación inmediata por parte del gobierno central de un decreto que paralice todos los desahucios sin alternativa habitacional digna, como mínimo hasta que la situación de emergencia sanitaria termine. No se puede permitir que en medio de una pandemia, miles familias se queden a la calle, vulnerando no sólo su derecho a la vivienda, sino también su derecho a la salud. El gobierno central ha alargado la moratoria de desahucios por COVID seis meses más sólo para aquellas personas “afectadas económicamente por el COVID”. La afectación del COVID no se puede medir en base a una “disminución de ingresos durante la pandemia”, sino que se traduce en una pauperización generalizada que golpea directamente las capas más vulnerables de la sociedad, es decir, a las familias que ya se encontraban en riesgo de exclusión residencial antes de la crisis.

Y hace falta también que aquí en Catalunya se apliquen los marcos jurídicos y legislativos con que contamos y que pueden ayudar a disminuir el número de personas que son expulsadas de sus hogares. La Ley 24/2015 aprobada por la Generalitat obliga esta administración a garantizar alternativas habitacionales dignas a todas las personas vulnerables que pierdan su hogar. Yendo más allá, a través del decreto 17/19 que se encuadra en la misma Ley, los grandes propietarios tienen la obligación de ofrecer contratos de alquiler social a todos los locatarios vulnerables antes de hacer efectiva la sentencia de desahucio por impago, así como a todas las personas que estuvieran viviendo en precario antes de julio de 2019. Para garantizar la aplicación de este marco jurídico, la Conselleria de Territori, encabezada por Damià Calvet, tiene la obligación de interponer sanciones administrativas a todo gran propietario que incumpla la ley.

Finalmente, la Conselleria d’Interior, liderada por Miquel Sàmper, tiene en sus manos decidir la magnitud del dispositivo policial en cada uno de los desahucios. La nueva estrategia policial consiste en llegar horas antes al lugar del desahucio, acordonar la entrada e identificar las vecinas que van a aturar el desahucio. Éstas se ven expuestas al uso de una violencia policial desproporcionada, si su número se considera excesivo. Nos preguntamos, ¿cuál es el coste que se invierte en el dispositivo policial de cada desahucio? ¿Y el coste del realojamiento? ¿Cuántos recursos públicos se malbaratan protegiendo los privilegios del rentismo y la especulación? ¿Es necesario usar la violencia en los desahucios de familias a quien la misma Generalitat debería garantizar una alternativa habitacional digna?

La Generalitat de Catalunya y el Gobierno del Estado español son responsables y deben dar una respuesta a la situación actual. Es cuestión de voluntad política invertir los esfuerzos en garantizar una vivienda digna para todo el mundo, en lugar de destinar recursos públicos en sacar violentamente a la gente de sus casas.

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