Blackstone, se nos acaba la paciencia

El fundo buitre Blackstone es uno de los propietarios más grandes del mundo, y también del Estado español, donde controla unas 40.000 viviendas de alquiler. Lo hace mediante un complejo entramado de empresas que le permite evadir impuestos y extraer la máxima rentabilidad posible de un bien de primera necesidad como es la vivienda.

Actualmente, este enorme fondo de inversión está haciendo sufrir a tres familias del Sindicat de Llogateres que se encuentran angustiadas esperando una respuesta por parte de la propiedad que parece no llegar nunca. Todo empezó porque el gigante financiero quería expulsarlas de su casa y no escuchaba ninguno de sus argumentos, hasta que se organizaron colectivamente y se afiliaron al Sindicat de Llogateres. Juntas conseguimos una mesa de negociación con el objetivo de que se quedaran en su casa con alquileres estables y asequibles. Blackstone se comprometió a hacer una propuesta de renovación a todos los casos durante una reunión el pasado febrero, pero ya hace meses que nos da largas y solo nos ha hecho llegar una propuesta inaceptable para uno de los casos.

¿Quiénes son las inquilinas afectadas?

Ala y Alexander

Ala y Alexander viven en el mismo piso de Gavà desde hace más de 15 años con su hijo menor de edad. Al principio estaban hipotecados: se vieron obligados a una dación en pago, como centenares de miles de familias cuando estalló la burbuja inmobiliaria en 2008, y después consiguieron firmar un alquiler asequible. Cuando el contrato finalizó, Blackstone les impuso una prórroga abusiva con una fuerte subida del alquiler. La familia tuvo que hacer un sobreesfuerzo cada mes hasta que la crisis económica y social provocada por la pandemia les afectó de lleno y ya no pudieron hacer frente al alquiler. Según la ley 24/2015, tienen derecho a un alquiler social por su situación de vulnerabilidad. Blackstone se lo ofrece, pero con una reubicación, a pesar de que la ley estipula que el alquiler social tiene que ser preferentemente en su domicilio habitual. Esta situación está afectando gravemente la salud de Ala.

Rosa y Dani

Rosa, Dani y su familia viven en el Prat de Llobregat. Son una familia numerosa, con una hija con una discapacidad del 77% y otra hija menor. El piso de donde los quiere expulsar Blackstone es casa suya desde hace 19 años y también sufrieron una ejecución hipotecaria. Después de la dación en pago tenían un alquiler asequible, pero con una cláusula abusiva que afirma que la empresa les puede reclamar 15.000 euros si no abandonan su casa al finalizar el contrato o en caso de impago. Ahora, a pesar de que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y cumplen con los criterios para un alquiler social, Blackstone les niega la renovación. Irse de casa suya supondría un grave trastorno para su hija, puesto que el domicilio está adaptado a sus necesidades y ella ya está acostumbrada.

Manuel

Manuel y su familia se afiliaron al Sindicat de Llogateres y pudimos evitar un primer intento de Blackstone para echarlos de su casa. Ahora, les han negado de nuevo la renovación una vez ha acabado el contrato. Hemos podido sentarnos a negociar colectivamente, pero a pesar de que Blackstone se comprometió a hacerle llegar una propuesta de nuevo contrato en una semana, Manuel hace más de tres meses que espera la respuesta del fondo buitre para poder valorarla.

#NosQuedamos : Lucharemos hasta conseguir todas las victorias

A pesar de la actitud actual de Blackstone, los cuatro años de historia del Sindicat de Llogateres demuestran que, cuando nos organizamos, conseguimos proteger nuestros derechos y quedarnos en nuestras casas. No es la primera vez que nos enfrentamos a este fondo buitre: casos de todo el territorio como los de Lourdes, las familias de Magradalena, Ondina y Hamida y muchos otros lo demuestran.

Desconocemos si Blackstone está dejando pasar el tiempo esperando que el Tribunal Constitucional tumbe la ley de Regulación o simplemente no se toman seriamente nuestro sufrimiento. Es posible que para estas empresas no seamos más que un número y una cuenta bancaria a quién cobrar cada mes, pero las inquilinas somos personas con derechos y con proyectos de vida a desarrollar que merecemos respeto y poder vivir con dignidad.

Por todo esto, empezamos a perder la paciencia al ver que no llegan las soluciones para Ala y Alexander, Rosa y Dani y Manuel, pero no tenemos miedo. Si no dejan dormir a nuestras compañeras, nos tendremos que movilizar para recordarle a Blackstone que, con nuestras casas, no se juega.

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