Comunicado sobre el Acuerdo Presupuestario entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario Confederal UP-ECP-EnMarea

En el día de hoy se ha hecho público un acuerdo de Presupuestos Generales del Estado que incluye un capítulo sobre políticas de vivienda. Con motivo de ello, desde los Sindicatos de Inquilinos e Inquilinas de Madrid y Barcelona hacemos público el presente comunicado.

En primer lugar, hacemos notar que la inclusión de acuerdos concretos en materia de vivienda es sin duda producto de la lucha de los movimientos por el derecho a la vivienda, como la PAH, en los últimos años, ya desde el estallido de la anterior burbuja inmobiliaria, y producto también de la aparición en el último año y medio de los Sindicatos de Inquilinos e Inquilinas en varias ciudades del Estado. En este período, además de movilizarnos a pie de calle para hacer frente a la emergencia habitacional, hemos trasladado a la opinión pública y a los responsables políticos las reivindicaciones de nuestros colectivos y de la ciudadanía en general para hacer del alquiler una forma de tenencia digna, asequible y estable. En este sentido, nos felicitamos de que el documento hoy publicado plantee la cuestión de la regulación del mercado de alquiler y dé centralidad a las políticas de vivienda de cara a alcanzar un acuerdo presupuestario.

Sin embargo, ¿en qué medida lo acordado responde a nuestras demandas? ¿Sirve para pinchar la nueva burbuja inmobiliaria y resolver la crisis del alquiler y del sistema de vivienda? La respuesta es negativa, en gran medida porque no modifica sustancialmente los privilegios de la parte más fuerte en la relación de arrendamiento, ni erradica la posibilidad de seguir haciendo de la vivienda un objeto de especulación. Algo que sí se conseguiría con la aprobación de la Ley de Vivienda presentada en el Congreso por la PAH y admitida a trámite este pasado septiembre, así como con la aplicación de las demandas que venimos reclamando desde los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos. La propuesta hoy presentada puede tener, así, el efecto perverso de cerrar en falso el problema del alquiler y el conflicto generado sin emprender una transformación profunda del modelo inmobiliario español ni avanzar en la desmercantilización de la vivienda para reconocerla como un derecho a la altura de, por ejemplo, la educación o la sanidad.  

En relación con la duración de los contratos, el acuerdo establece una duración de 5 años más 3 de prórroga cuando el propietario sea persona física, y de 7+3 cuando se trate de persona jurídica. Esto implica poco más que retornar a la situación de la LAU de 1994, cuya principal deficiencia era la inestabilidad de la situación de inquilinas e inquilinos cada vez que terminaba un período contractual. La propuesta de los Sindicatos, por contra, se centra en la importancia de definir unas condiciones de renovación garantistas con la parte arrendataria, con el fin de desincentivar la rotación de inquilinos y acabar con las expulsiones injustificadas, que no responden más que a dinámicas especulativas. Consideramos que, a menos que el propietario necesite la vivienda para uso personal o familiar, y mientras se cumplan las obligaciones contractuales, no hay ninguna razón para expulsar al inquilinato, excepto motivos especulativos. La nueva reforma sigue permitiendo la rotación con la expectativa de imponer subidas abusivas, de manera que no resuelve la problemática de los “desahucios invisibles”.

Otro aspecto del acuerdo es el referido al control de precios, una demanda contenida en las demandas de los Sindicatos, inspirada en muchas experiencias internacionales, que por primera vez se contempla en nuestro país. La decisión de que los Ayuntamientos y CCAA puedan regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler en determinadas zonas es resultado de la lucha y reivindicaciones de la ciudadanía. Con subidas de los alquileres de un 40% y 50% en Madrid y Barcelona en los últimos años, es fundamental elaborar una política de vivienda que regule los precios para vincularlos a la realidad económica de las familias y del país. De nada sirve alargar los contratos de alquiler, si los nuevos contratos van a reflejar las subidas abusivas de los últimos años sin guardar ninguna proporcionalidad con unos ingresos familiares cada vez más precarios. Se trata de una tendencia que es imperativo revertir, y no sólo frenar. Sin embargo, el control de precios planteado en el acuerdo de hoy no resulta suficiente para cumplir ese fin, dado que el índice “objetivo” en el que estaría basado se limitaría a reflejar, y eventualmente a justificar, los precios de mercado actuales, de carácter abusivo, y no tendría en cuenta la situación socioeconómica de las familias. Además, su eventual implementación, “temporal y excepcional”, resulta muy incierta, pues depende de la decisión de varias administraciones. En definitiva, se trata de una medida planteada de manera timorata dando por bueno el falso argumento de las posibles repercusiones sobre la oferta, que llegaría tarde y se quedaría corta para revertir el alza de precios.

Además de lo dicho, en el acuerdo echamos de menos medidas concretas en tres sentidos más:

  • La eliminación de la figura de las SOCIMIs, vehículos de especulación inmobiliaria en el mercado del alquiler, que disfrutan de una fiscalidad privilegiada y que en la actualidad constituyen, junto con los fondos buitre, la punta de lanza de la especulación en este terreno. El acuerdo ni siquiera modifica sustancialmente los incentivos para que estas sociedades prosigan su función especulativa.
  • La movilización de las viviendas vacías: en relación con estas, se habla únicamente de su “detección y diagnóstico”, sin concretar medidas que agilicen su incorporación, mediante la imposición de sanciones o la expropiación de su usufructo, al parque de vivienda de alquiler asequible. Unas medidas ya previstas en varias legislaciones autonómicas, que sin embargo están viéndose incumplidas de manera sistemática por falta de desarrollo normativo. Con un tercio de las viviendas vacías de toda Europa en nuestro país, es urgente que se regulen estas situaciones y se garantice que las viviendas vacías cumplan una función social.
  • El acuerdo tampoco se contempla la paralización de los desahucios, que, con una cifra diaria de 115 lanzamientos de inmuebles de alquiler, constituyen una vulneración de derechos flagrante, sobre la que España está desoyendo los mandatos repetidos de la ONU y de diversos tribunales internacionales.

Por último, el aumento del presupuesto para vivienda (alcanzar entre el 1 y el 1,5% del PIB en 10 años) es excesivamente paulatino además de insuficiente, lo que pone en peligro su implementación real, muy especialmente en un contexto de incertidumbre acerca de la continuidad del Gobierno.

En definitiva, queremos recordar que, mientras no se aprueben medidas realmente efectivas para atajar la presente crisis de la vivienda, sigue transcurriendo un tiempo precioso en el que se perpetúa un sufrimiento social y una vulneración de los Derechos Humanos inaceptable. Por nuestra parte, los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinosnos comprometemos a seguir luchando no sólo por el cumplimiento de los acuerdos hoy anunciados, que constituyen un pequeño avance, sino también por medidas más valientes contra el abuso inmobiliario y por la desmercantilización de la vivienda.

Hoy más que nunca, ¡#NosQuedamos #EnsQuedem!

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