Acabemos con las mafias de extorsión inmobiliaria

Desde el Sindicato de Inquilinos de Barcelona estamos viviendo con mucha preocupación la normalización de empresas de desokupación contratadas por grandes propietarios con el objetivo de extorsionar y expulsar a vecinos y vecinas en situación de emergencia habitacional.

Hace unos días se hizo eco en las redes sociales del caso del Xavi Buxeda y de su pareja, vecinos de Barcelona, ​​al recibir una paliza patrocinada por el propietario de un piso turístico ilegal. Después de haber denunciado su actividad sin licencia, Xavi y su pareja denunciaron la violencia y las amenazas que estaban sufriendo, pero ni los Mossos ni la Guardia Urbana actuaron para protegerlos. La pareja ya no podrá volver a vivir en su casa por miedo a seguir siendo víctimas de la violencia de un propietario que hace negocio ilegal con un piso turístico.

El caso de Xavi y su pareja no es un caso aislado. Los casos de violencia y extorsión de empresas de matones contratados por propietarios son cada vez más recurrentes. Este fin de semana, un vecino del barrio del Raval y afiliado al Sindicato, también ha recibido presiones por parte de la empresa de desokupación RecuperHome. Al igual que Desokupa, RecuperaHome se dedica a ejecutar desahucios de forma extra-judiciales, es decir, de forma ilegal. Fuerzan a los inquilinos a que abandonen su hogar a través de amenazas, coacciones e incluso violencia física.

El aumento de este tipo de empresas ha ido acompañado de un incremento de la inversión y especulación inmobiliaria en un contexto de burbuja. Estas empresas son contratadas por propietarios que buscan obtener la máxima rentabilidad de sus activos, bien sean pisos turísticos ilegales, bien sea para aumentar el precio del alquiler de larga y media temporada. Desde el Sindicato hemos observado que la contratación de empresas de extorsión se produce en pisos donde ya se vive una situación de acoso inmobiliario y dejadez de mantenimiento de la finca, con el objetivo de presionar a los inquilinos para que se marchen. Además, en algunos casos denunciados en el último año, hemos visto actuar a empresas de este tipo con la connivencia de los Mossos d’Esquadra.

Denunciamos, pues, los hechos ocurridos este fin de semana y las prácticas, cada vez más normalizadas e impunes de este tipo de empresas. Exigimos que se investiguen y se tomen las medidas pertinentes contra este tipo de servicios ilegales y contra los propietarios que contratan sus servicios. La administración pública tiene la obligación de perseguir este tipo de actividades delictivas que atentan contra el derecho a la vivienda y el bienestar de los vecinos de la ciudad. Finalmente, exigimos también que tanto Guardia Urbana como Mossos ofrezcan protección a los vecinos y vecinas que sufran este tipo de acoso inmobiliario.

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