Contra los desahucios extrajudiciales. Solidaridad con las que luchan

El pasado 15 de enero se produjeron dos hechos relevantes en la ciudad de Barcelona para todas las que defendemos el derecho a una vivienda digna.

En primer lugar, por la mañana, la plataforma «Basta Desahucios Abiertos», que reúne 200 colectivos de la ciudad, protagonizaba una protesta a las puertas de la Ciudad de la Justicia para denunciar el uso de la herramienta de desahucios con fecha abierta para ejecutar los desahucios en la ciudad. El año 2018 se contabilizaron unos 50 desahucios ejecutados por esta forma, pensada para esquivar e impedir la solidaridad vecinal de quien frena, haciendo uso de la desobediencia civil, los desahucios en la puerta de la vivienda. La plataforma recuerda que la ley recoge la necesidad de fijar fecha y hora de los procesos de lanzamiento, denuncia por tanto su carácter alegal, arbitrario y antidemocrático y pide al decanato de la Ciudad de la Justicia que revoque este procedimiento.

En segundo lugar, un desahucio se produjo al mediodía en el barrio del Poble Sec en un bloque recuperado propiedad de la empresa Vivendex. Este desahucio fue ejecutado de forma ilegal por parte de la empresa Desokupa, quien actúa bajo orden de los propietarios amenazando a los inquilinos con prácticas propias de la mafia y el matonismo. Ante la presión vecinal que se agolpaba en la puerta para evitar el desahucio extrajudicial, unidades de la BRIMO los mozos de escuadra cargaron contra quien defendía el derecho a la vivienda, con la detención de 4 personas y protegiendo a los miembros de la empresa Desokupa.

Ante estos hecho el Sindicato de inquilino de Barcelona quiere denunciar públicamente que los desahucios extrajudiciales y alegales, como evidencian los casos expuestos, son una práctica que se está extendiendo y consolidando en la ciudad de Barcelona, ​​para llevar a cabo la expulsión de personas de su vivienda en uso. Así sucede en un contexto de incumplimiento del deber de garantizar de forma universal el acceso a una vivienda digna, como se establece en la Carta de los Derechos Humanos o la Constitución Española. Hacemos directamente responsables de esta situación a las instituciones políticas, policiales y judiciales del país. Y exigimos:

  1. La prohibición del uso del desahucio con fecha abierta en el sentido que reclama la Plataforma Prous Desahucios.
  2. Que se desarrollen las actuaciones políticas y policiales necesarias para que se garantice que ninguna unidad policial realiza desahucios irregulares ni colabora o protege empresas que se dedican a desahuciar, como es el caso de Desokupa.
  3. La retirada de todos los cargos imputados a las personas que intentaron impedir el desahucio. Mostramos, además, nuestra completa solidaridad con su situación y nuestro apoyo a todas las personas que participaron de la acción.

Recordemos, además, a todo el mundo que luche contra un desahucio extrajudicial que puede consultar el siguiente link.

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