Un rentista con más de 30 pisos y locales quiere echar a trabajadoras esenciales para evitar cumplir la ley de regulación de precios
Hoy a las 11h el Sindicato de Inquilinas y el Grup d’Habitatge del Tres Turons nos hemos movilizado ante la sede de la empresa familiar Isern Patentes y Marcas, en Av Diagonal 463 para exigir a sus propietarios que dejen de especular con la vivienda de la familia de Radouane y que cumplan con la Regulación de Alquileres. Gracias a la fuerza popular hemos conseguido retomar las negociaciones.
Radouane y Houda llevan 7 años viviendo en el piso del que la propiedad los quiere echar. Los dos trabajan, pero a pesar de tener dos sueldos, no se pueden permitir las subidas que la propiedad les ha ido imponiendo a lo largo de las diferentes prórrogas. Por eso pidieron al arrendador, la familia Isren-Jara, que les renovara el contrato sin subidas, tal y como marca la regulación de alquileres. Pero los Isren-Jara no solo se negaron sino que trataron de imponer una cláusula penal abusiva dentro de la prórroga.
Cláusula Penal Abusiva
De hecho, el conflicto empezó cuando la propiedad, en vez de ofrecer una renovación de contrato, ofreció una prórroga de un año, con subida de precio e incluyendo una cláusula abusiva, la llamada cláusula penal, que establece una elevada suma de dinero por cada día que los inquilinos se queden en el piso una vez agotada la prórroga. Este tipo de cláusulas generan deudas ilegítimas en los inquilinos que muchas veces la firman sin ni siquiera saberlo. En el caso de Radouane y Houda, al negarse a firmar esta cláusula abusiva, empezaron los problemas, y la propiedad les interpuso una denuncia de desahucio por finalización de contrato.
Una familia de especuladores millonarios contra los trabajadores esenciales arraigados en el barrio
A pesar de que esta situación quita el sueño a la familia de Radouane y ya ha buscado desesperadamente alternativas dentro del barrio, no les han querido alquilar ningún piso, ni tienen ninguna alternativa posible que no sea quedarse y exigir una renovación de contrato.
Radouane, Houda y sus hijos se encuentran arraigados en el barrio del Carmel: los hijos están escolarizados en el barrio y además participan en varias redes vecinales como el Grup d’Habitatge dels Tres Turons (GHATT) y las redes de apoyo mutuo que aparecieron durante el primer confinamiento total. Houda, de hecho, se dedicó a coser mascarillas para la gente del barrio cuando todavía no había en las tiendas. Además, tanto Radouane como Houda tienen trabajos que suponen servicios esenciales: Radouane trabaja haciendo tareas de mantenimiento en edificios y Houda es cuidadora en un hogar de personas mayores.
Aun así tienen que soportar la presión de la propiedad rentista para echarlos de casa: los problemas empezaron cuando el edificio fue comprado por Isern Patentes y Marcas. La poderosa empresa familiar de la familia Isern-Jara, con sucursales en todas las capitales de provincia del Estado, decidió invertir en este edificio y exprimir a los inquilinos que viven allí, subiendo los alquileres e intentando incluso desahuciar a otras vecinas como Sònia, vecina que se encuentra en paro y en situación de elevado grado de vulnerabilidad.
Un desahucio para seguir especulando con la vivienda
¿Cuál es el motivo de querer echar a los vecinos? A pesar de que la propiedad a menudo ha hecho referencia a que Radouane y Houda son ‘malos inquilinos’, la realidad es que nunca han faltado a ni un solo pago y solo han reclamado lo que es legal: un contrato sin cláusulas abusivas. A pesar de que hace medio año que el Sindicato y el GHATT empezamos la mediación, la propiedad se avino a negociar, las negociaciones se rompieron cuando pusimos sobre la mesa que el nuevo contrato tendría que cumplir con el mínimo legal: un contrato de 7 años cumpliendo los criterios de la ley 11/2020 de moderación y contención de rentas, es decir, sin subida de alquiler.
¿Qué exigimos? Un respeto a la legalidad vigente y un alquiler digno en el barrio. Radouane y Houda quieren quedarse en el barrio, en el piso donde viven actualmente. No pueden soportar más la presión del desahucio. Exigimos el mínimo legal exigible: que la propiedad acate la ley de regulación de precios, ley votada en el Parlamento de Cataluña, y que haga un nuevo contrato ajustado a la LAU.