Inquilinas de 166 hogares protegidos en Lleida lo han impulsado con el apoyo de la PAH Lleida y el Sindicat de Llogateres
Hoy hemos conseguido una victoria colectiva: el Ayuntamiento de Lleida ha aprobado la moción que denuncia públicamente a Inmocriteria, filial inmobiliaria de La Caixa, por querer privatizar viviendas de protección oficial financiadas con dinero público y construidas sobre suelo público.
Este ayuntamiento se suma así a la lista de consistorios que durante los últimos años han aprobado mociones de este tipo impulsadas por las inquilinas de viviendas de La Caixa: Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sentmenat, Banyoles, Mataró, Mollet del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, L’Hospitalet, Olot, Cornellà, Palau-Solità i Plegamans y Sant Just Desvern.
En Lleida hay 166 pisos afectados en dos bloques completos (C/ Cal Bernet y C/ Cambrils), donde las inquilinas sufren falta de mantenimiento, no renovación de contratos y acoso inmobiliario. Muchas son familias trabajadoras que no pueden acceder a una hipoteca ni a otros alquileres en la ciudad debido a los precios desorbitados.
Con la aprobación de la moción, el Ayuntamiento:
- Exige la retirada de todas las denuncias contra las inquilinas.
- Reclama la renovación de los contratos.
- Rechaza la privatización de los bloques e insta al traspaso inmediato de las viviendas al INCASÒL.
Esta victoria no es solo de las inquilinas afectadas, sino un paso más en la lucha contra la especulación y por la ampliación del parque de vivienda pública en Ponent y en toda Cataluña. La organización colectiva de las vecinas, junto con la PAH de Lleida y el Sindicat de Llogateres, ha sido posible gracias a un convenio de colaboración y doble afiliación entre estas dos organizaciones, en el marco de la Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña (COSHAC).
68 familias continúan en huelga de alquileres desde el 1 de abril
La primera huelga de alquileres por vivienda protegida sigue creciendo. Ya son 68 familias de las promociones de La Caixa de vivienda protegida en Sitges, Banyoles, Sentmenat y Palau-Solità i Plegamans. Las huelguistas ya tienen retenidas en un fondo común rentas por un valor de más de 192.000 € que no pagarán a La Caixa hasta que dé respuesta a sus demandas.
De hecho, la huelga empezó cuatro años después de que las inquilinas de hasta 38 promociones de viviendas protegidas de La Caixa comenzaran a exigir diálogo ante los abusos inmobiliarios y las expulsiones sistemáticas que se estaban llevando a cabo sobre más de 2.000 hogares.
A pesar de que las inquilinas se han movilizado en decenas de ocasiones, han recibido el apoyo de hasta 13 ayuntamientos y han reiterado por activa y por pasiva su voluntad de pactar soluciones negociadas con La Caixa, esta solo ha respondido con silencio, nuevas demandas y más expulsiones.