El fraude de los alquileres de temporada

Casi medio millón de viviendas desviadas al turismo volverán a estar disponibles esta semana bajo la fórmula del “alquiler de temporada”. El sentido común lleva a hacernos una pregunta obvia: ¿Por qué se pretenden destinar a desplazamientos por trabajo, vacaciones y similares cuando estos están mayoritariamente prohibidos? ¿Por qué no pasan directamente al mercado de alquiler de vivienda residencial, de donde jamás debieron salir? 

Las cifras son estremecedoras. En 2011, había 3.500 viviendas en el mercado turístico español: en 2019 ya se habían desviado al menos 413.033 viviendas a ese mismo mercado (la cifra real se estima mucho mayor). Sin embargo, hoy esas casas están totalmente vacías. ¿Hasta cuando tenemos que oír que el precio del alquiler sube por falta de oferta, y que la única solución es más ladrillo?

La competencia para abordar el problema de las viviendas desviadas al turismo es autónomica. Ante la crisis habitacional sin precedentes a la que se enfrentarán miles de familias tras la crisis sanitaria, todos los gobiernos autonómicos deben intervenir. En el caso de Catalunya, la situación es especialmente grave: fue  la Generalitat la que permitió, mediante las licencias turísticas de Artur Mas y Xavier Mena en 2011, que miles de viviendas fueran convertidas en hoteles. Pagando poco más de 200 euros a la administración, cualquier arrendador podía pasar de cobrar 700€ por un alquiler a 3.500. Es similar a lo que ha sucedido con las mascarillas y que tanto nos ha indignado: especulación con un bien de primera necesidad con graves perjuicios para el bienestar colectivo. Como han demostrado muchas investigaciones, las viviendas de uso turístico disminuyen la oferta residencial, encarecen los precios globales y dañan la convivencia.

Ahora es tiempo de revertir esta irresponsabilidad histórica. De devolver todas las viviendas al mercado residencial, con alquileres de larga duración y estables. Y eso también pasa por hacer frente al lobby inmobiliario, que pretende seguir especulando. En Barcelona, por ejemplo, hay 9.600 viviendas con licencias turísticas que se alquilan a precio de oro. La Asociación de Pisos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha afirmado que el 41% de pisos turísticos se van a poner en el mercado como “alquileres de temporada”: es decir, con contratos de duración variable.

Ahora bien, Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) contempla esta forma de contratos siempre y cuando sea para usos distintos al de vivienda habitual: desplazamientos por trabajo, por vacaciones, por realización de obras en el hogar, o similares. Pero, ¿quién puede acogerse a este tipo de uso cuando los desplazamientos están prohibidos por medidas de sanidad? Todo apunta a que se trata de un uso fraudulento de la figura del alquiler temporal para evitar hacer contratos de 5 y 7 años, en viviendas que actualmente están vacías. Porque, con toda probabilidad, las únicas personas que van a poder alquilarlas son las que actualmente ya residen en Barcelona: es decir, aquellas que necesitan una vivienda estable, con necesidad de permanencia.

Frente a la ofensiva de la minoría privilegiada que se agazapa tras las viviendas turísticas, la Generalitat debe hacer una defensa incondicional del derecho a la vivienda. Es preciso que el Gobierno de Torra:

  1. Cambie la ley para que todas estas viviendas vuelvan al mercado residencial, a precios asequibles y con contratos de al menos 5 o 7 años de duración, tal y como establece la LAU.
  2. Legisle para que los administraciones puedan multar el uso fraudulento del alquiler de temporada.
  3. Apruebe una legislación que impida las habitaciones de uso turístico. La falta de normativa al respecto ha sido aprovechada por los especuladores para seguir incrementando el número de hoteles clandestinos. Permitir el alquiler turístico de habitaciones sería abrir la puerta a nuevas formas de fraude y engaño.

Estamos a las puertas de una crisis de la vivienda nunca antes vivida. Centenares de miles de familias se verán abocadas al desahucio si no se toman medidas valientes en pro del derecho a la vivienda. Los casas deben cumplir la función social y residencial para la que fueron construidas. Y eso pasa necesariamente por dejar de hacer políticas orientadas a rescatar a sectores totalmente improductivos, y a mantener el precio de la vivienda artificialmente alto e inasequible. La “nueva normalidad” exige redefinir prioridades.

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