El Sindicat de Llogateres de Cataluña quiere denunciar que el Gobierno del Estado amenaza con llevar al TC tres decretos leyes que han sido clave para proteger a la ciudadanía durante la pandemia, y que afectan a viviendas y locales.
El ejecutivo de Sánchez podría aprobar en el próximo Consejo de Ministros, del 20 de julio, tres nuevos recursos de inconstitucionalidad contra decretos catalanes que protegen a inquilinos y pequeñas empresas. Los decretos en peligro son el DL 34/2020, que permite bajar los alquileres a empresas y comercios afectados por la pandemia; el DL 50/2020, que impide las subidas encubiertas de los precios de las viviendas de alquiler mediante gastos extra como el IBI o las cuotas de comunidad y el DL 37/2020, que ayuda a parar desahucios.
Aparentemente, el gobierno de Madrid no solo es incapaz de aprobar una Ley de Vivienda que proteja a las inquilinas, sino que además se plantea boicotear las tímidas mejoras que hacen las administraciones catalanas.
Sería especialmente preocupante que una de las primeras medidas de la nueva ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, maniobrara para que se pueda subir el alquiler o desahuciar más fácilmente a centenares de miles de familias y comerciantes. La ministra, que en la toma de posesión dijo que “la vivienda asequible es el instrumento más poderoso del Estado del Bienestar”, tiene en sus manos evitar tomar graves medidas en dirección contraria al derecho a la vivienda. El camino a seguir, si Sánchez realmente quiere vivienda asequible, es otro: replicar en el resto del Estado la regulación de precios del alquiler, una medida que ya se ha demostrado efectiva.