Foto: Pool Moncloa
El PSOE ha demostrado una vez más de qué lado está: de los especuladores y del poder inmobiliario. Ayer se produjo la votación que decidía el futuro de la Ley por el Derecho a la Vivienda. El PSOE, junto con PP, C’S y VOX decidieron no permitir que se tramitara la ley, impidiendo que se pudiera ni siquiera debatir el texto. El PSOE por lo tanto ha dado un portazo a que se pueda hablar sobre derecho a la vivienda en los términos en que las plataformas y los sindicatos habían propuesto.
La Ley por el Derecho a la Vivienda, elaborada desde el saber y la experiencia de las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda sí que ha recibido el apoyo de fuerzas como ERC, Bildu, UP, Más País, CUP y Compromís y BNG. El voto negativo del PSOE no es solo una muestra de desprecio a la sociedad civil organizada, que es quien realmente ha estado frenando el golpe de la emergencia habitacional que arrastra el país en la última década. También es gesto que deja claro que el PSOE está cada vez más solo, dando la espalda a sus socios de gobierno (UP) y a los partidos claves que facilitaron la presidencia de Sánchez y en general la gobernabilidad y los presupuestos (ERC, Bildu), y aliándose con aquellos que quieren acabar con su mandato.
El PSOE ha decidido rechazar una ley con elementos que tienen que formar parte imprescindible del texto que acabe saliendo de la Ley de Vivienda estatal: blindar el derecho a una vivienda digna y asequible, poner topes y hacer bajar los precios del alquiler, prohibir los desahucios sin alternativa y garantizar los suministros básicos de energía y agua a hogares vulnerables. Son las reclamaciones principales que se establecían en la ley del derecho a la vivienda elaborada por los sindicatos y plataformas sociales.
¿Ignorará el PSOE estos contenidos que son esenciales para garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda? ¿O volverá a aliarse con las fuerzas de izquierda que permitieron su gobierno? El futuro de la Ley de Vivienda, el ante-proyecto de la cual será presentado en el Consejo de ministros antes de que acabe el año, es ahora más incierto que nunca.