El Sindicat de Llogateres del Penedès ocupa un bloque de la Sareb en Vilafranca para realojar a 11 familias

El pasado fin de semana, el Sindicat de Llogateres del Penedès ocupó una finca de la SAREB para realojar a 11 familias del Sindicat que no podían acceder a pisos de alquiler. Los alquileres en Vilafranca han aumentado un 31% desde 2016, y los precios están desorbitados. Esto provoca desahucios per impago de alquiler a familias que, a pesar de tener un sueldo, no pueden llegar a final de mes. Pero hay otro problema estructural muy grave: el racismo inmobiliario. A muchas compañeras del Sindicat, aun disponiendo de medios económicos para acceder o pagar el alquiler, se las excluye cuando van a buscar piso porque se las racializa. Es el caso de la familia de Kawtar, que cobra un sueldo de 1200€ y hace seis meses que busca vivienda porque el arrendador del piso de alquiler en el que vive actualmente no le quiere renovar el contrato.

 

Por su parte, la administración pública no lo pone fácil: el Ayuntamiento se niega a empadronar vecinas que no tengan contrato de alquiler, y la lista de espera de la mesa de emergencia es infinita. Y, simultáneamente, hay casas vacías pagadas con dinero público del pueblo, así que el Sindicat de Llogateres pasa a la acción y hace aquello que debería de hacer la administración pública: realojar a 11 familias en el bloque de la SAREB de la calle Falcons de Vilafranca, vacío desde 2016.

 

Actualmente, las vecinas del Penedès estamos adecuando el espacio para que las 11 familias puedan vivir dignamente en sus nuevos hogares. ¡Y necesitamos todo tipo de ayuda!  Además, exigimos al Ayuntamiento de Vilafranca que, como ya han hecho otros consistorios de Catalunya, empiece a tramitar con la SAREB un contrato de cesión para regularizar la situación de las 11 familias en la finca. 

 

La SAREB se creó en 2012, para rescatar con dinero público todos los inmuebles de los bancos que quebraron con la crisis del 2008. Más de dos mil millones de euros públicos fueron destinados a rescatar 500.000 viviendas. Pero el Estado no destinó esas viviendas a la ampliación del parque de vivienda pública, sino que creó un entramado legal para privatizar todos esos inmuebles y venderlos a los fondos buitre. Es de sentido común, y es urgente, que las viviendas de la SAREB pasen a formar parte del parque público de vivienda y a ser gestionadas de manera pública, para hacer frente a la emergencia habitacional.

 

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