Somos las seis vecinas del número 106 A de la calle del Carme, en el barrio del Raval de Barcelona. Hasta ahora hemos pagado alrededor de 700 € por cada uno de nuestros pisos de 80 metros cuadrados. Hace unos tres años, una sociedad especuladora compró nuestro edificio para reformarlo íntegramente y poder cobrar alquileres de 1.400 €.
Ni podemos, ni queremos, pagar estos precios. Hemos decidido sindicarnos y luchar por nuestra casa y nuestro barrio.
Las empresas extranjeras «BMB Invest Management» y «BMB Cap» crearon una SOCIMI en 2004 denominada «Optimum RE Spain», que cotiza en bolsa. Esta SOCIMI se dedica a comprar fincas viejas para transformar sus pisos en viviendas de alto standing y expulsar a las antiguas vecinas, que no pueden pagar estos nuevos alquileres abusivos y desorbitados. Estas mismas SOCIMIs revenden la finca pasados unos pocos años por un precio mayor del que lo compraron, enriqueciéndose gracias a la especulación con nuestros hogares y contribuyendo así a hinchar los precios de compra y alquiler que tenemos que pagar por la vivienda en nuestra ciudad.
En el año 2015 nos tocó a nosotros. La SOCIMI «Optimum RE Spain» compró todo el edificio situado en el número 106 de la calle del Carme con la intención de transformar esta finca en apartamentos de lujo. En cuanto ésta sociedad controló la propiedad, empezaron a aparecer las primeras señales de la falta de mantenimiento: degradación de los espacios comunes y nulo mantenimiento de los mismos pisos, puertas en mal estado, insalubridad en la escalera, ratas, robos, etc.
Con este estado de dejadez la nueva propiedad no sólo nos invitaba a marcharnos, sino que irresponsablemente ponía en peligro el valor patrimonial de la finca, que en este caso es altísimo (se trata de un antiguo palacete barroco catalogado como Bien de Interés Nacional y aloja unas de las que probablemente son las mejores pinturas del barroco barcelonés).
Hartas de esta situación, las inquilinas de Carme 106 A decidamos unirnos y defender nuestro derecho a tener una vivienda digna y un alquiler justo. Nos pusimos en contacto con varias asociaciones relacionadas con la vivienda, y gracias al asesoramiento de las personas del Sindicato de Inquilinas, decidimos actuar ante la propiedad con una sola voz. A mediados de julio del 2018 presentamos coordinadamente una denuncia administrativa ante el Ayuntamiento de Barcelona para que éste aplicase por primera vez el artículo de la ley de vivienda del 2007 mediante el cual, las administraciones pueden multar los propietarios que ejercen violencia inmobiliaria con sanciones de entre 90 € y 500.000 €.
La denuncia ha sido una herramienta de presión muy eficaz: en cuanto la propiedad supo que había sido denunciada, se apresuró a reparar todo aquello que fallaba en nuestros espacios comunes para evitar que el ayuntamiento la sancionara por acoso. Aun así, ellos siguen con su plan de expulsarnos de nuestras casas cobrando alquileres abusivos y enriqueciéndose especulando con nuestras vidas.
Ante esto, nosotros hemos decidido que Nos Quedamos en nuestra casa con contrato o sin él, y exigimos que se nos renueve el contrato pagando un alquiler justo. Estamos convencidas que tal y como ha pasado con el caso del acoso y la falta de mantenimiento de nuestra finca,
!Si luchamos juntas, las vecinas unidas doblegaremos la propiedad !