«Todo el mundo quiere vivir en Barcelona, es la ley de la Oferta y la Demanda. Sube la demanda (extranjeros y personas que lo pueden pagar) y suben los precios. No hay nada a hacer.»
- El peso de estos inquilinos de alto poder adquisitivo es anecdótico: la realidad es que en tres años los precios han subido un 24%, mientras que los salarios se han estancado. De hecho, se ha duplicado la población de rendas bajas y medias. Esto quiere decir que la gente que ya vivía de alquiler está sufriendo un ahogo muy fuerte.
- Al mismo tiempo, hay miles de pisos vacíos (unos 430.000 sólo en Cataluña), muchos de ellos en manos de una banca rescatada con dinero público, que se sacan del mercado para especular y hacen subir los precios artificialmente.
- El artículo 47 de la constitución dice que los poderes públicos tienen que garantizar el derecho a la vivienda, “regulando el uso del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación”. Si los poderes públicos no lo hacen y defienden leyes ilegítimas, tendremos que organizarnos la ciudadanía para garantizar este derecho, tal y cómo hacen las personas que viven de alquiler a buena parte de Europa.
- Es imprescindible disponer de un servicio público de vivienda, igual del que disfrutamos por la salud, la educación o las pensiones.
«Barcelona es una ciudad global como París o Nueva York: no se puede querer vivir en el centro. Se puede vivir a cualquier lugar de la ciudad por precios asequibles y con servicios.»
- La burbuja no es cosa sólo de los barrios céntricos, sino que se extiende por toda la ciudad y por el área metropolitana. También en las capitales catalanas. El problema de la vivienda no es un problema de Barcelona, sino que es un problema de país, global.
- Al conjunto de municipios del área metropolitana (AMB) han tenido un incremento de las rentas de alquiler entre el 2015 y el 2016 de cerca del 6%
- Barcelona tiene el 66% de alquileres de toda la AMB. Es decir, los inquilinos de Barcelona no cabemos fuera de la ciudad. No tenemos donde ir. El AMB tiene un escenario por delante bastante oscuro, va a remolque de BCN, no tiene suficiente oferta para satisfacer a los expulsados de BCN
- En cualquier caso, ¿aceptaremos este desplazamiento masivo, que se eche de casa suya a la gente, que se la desarraigue de su barrio, por la fuerza, todo en nombre del lucro y de la especulación? ¿Que se vacíe la capital, la ciudad, de vecinos y de gente, para satisfacer los intereses privados de quienes especulan con la vivienda?
- Vivir en la ciudad donde has nacido, se crecido y lo hicieron tus padres es un derecho, sí. ¿A cuántos kilómetros tienes que vivir de donde trabajas, de donde van a la escuela tus hijos, de donde viven tus padres a quienes cuidas o que cuidan de ti…? ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Una excluyente, sólo por la gente de paso o turistas? ¿O una ciudad democrática, inclusiva, de todos? ¿Queremos vaciar las ciudades, el país, de su gente?
- De hecho, hay muchas ciudades globales, como Bruselas o Amsterdam, donde hay mucha más proporcionalidad entre los precios de la vivienda y los ingresos de la gente, porque hay unas administraciones que garantizan el derecho a la vivienda y evitan la especulación.
«¿Hay burbuja?»
- Muchos de los que niegan la burbuja son los que también negaban la burbuja que estalló el 2007, los que nos llevaron a una crisis y una fractura de la cual no nos hemos recuperado.
- Las subidas no tienen fundamento: no son por mejoras a la vivienda sino por espiral de incremento de precios al mercado.
- El que realmente ha pasado es que la especulación, que se concentraba al mercado de la propiedad, en estos años de crisis ha pasado al mercado del alquiler.
«En un mercado libre la oferta y la demanda se regulan solas, sin intervenciones»
- Hoy quienes deciden los precios son en buena medida quienes ayer estaban siendo rescatados con dinero público.
- El estado trae 50 años interviniendo con todas sus armas para facilitar que la gente se hipoteque y compre cuando pueda, a base de adquirir riesgos como los que trajeron a la terrible crisis en la cual estamos. Para lo cual fue fundamental estigmatizar el alquiler con todas las herramientas que tenían.
- La reciente LAU del 2013 es otra vuelta de rosca: intervencionismo del Estado en defensa de los intereses de propietarios y de la banca que se quedó con tantas viviendas vacías. Se promovió, desde una regulación injusta, que los propietarios pudieran exigir precios demenciales a los 3 años o amenazar a los inquilinos con expulsarlos. el Estado intervino para promover el expolio de los pocos ahorros e ingresos de unas generaciones muy golpeadas por la crisis. 44.000 contratos sólo en Barcelona acababan el 2017 gracias a esta ley.
«Regular los precios destruirá el mercado. Regular los precios hará bajar la oferta»
- No está demostrado que el control de precios disminuya la oferta. De hecho, en Barcelona el que se ha demostrado es que el descontrol absoluto no ha aumentado la oferta. En Madrid, según un estudio realizado por Arrenta, la demanda ha aumentado un 20% de media, mientras que la oferta ha bajado un 10% y el precio del alquiler se ha disparado hasta llegar a una media superior al 15% en algunas zonas.
- El control de precios se ha aplicado recientemente en París y Berlín, donde había burbujas similares, y ha tenido efectos beneficiosos inmediatos: en París, por ejemplo, disminuyeron los precios del alquiler y se aligeró la presión inmobiliaria sobre los hogares.
- Hablar de regular los precios no quiere decir que el propietario deje de tener rentabilidad: quiere decir que los precios tienen que ser proporcionales a los ingresos de la gente: un 30% de la renta como recomiendan todos los organismos internacionales y no un 60% como algunos barrios de Barcelona.
- Tampoco tiene que porque disminuir la oferta. El pequeño propietario que alquila, el que no quiere nunca es tener el piso sin alquilar, porque es cuando más dinero pierde. Quién saca el piso del mercado no es un pequeño propietario, es alguien que especula. Entonces, lo que nos tendríamos que preguntar es si hay que poner límites a que grandes y medios propietarios puedan especular con miles de viviendas vacíos mientras hay miles de personas estranguladas o expulsadas de su barrio.
- Los Índices de Referencia tienen que tender a limitar los precios a la baja. Y sólo funcionan si se da capacidad a la Administración para poder actuar de oficio, con sanciones por aquellos que alquilen por encima del precio de referencia.
- En una situación de emergencia habitacional donde se está echando a la gente de su casa y de su barrio, regular el precios es una medida urgente.
Aumento de la duración de los contratos. “La LAU de 2013 es muy buena: la duración de tres años hace que haya movimiento al mercado, da seguridad, se renuevan las viviendas del centro…”
- Sin duda para los propietarios es muy bueno. La propiedad ha conseguido desregular al máximo y reducir los derechos al mínimo. Para los inquilinos, es una fuente de enorme inestabilidad, de inseguridad.
- En 2013 pasamos de tener una LAU mala para los derechos de los inquilinos, a una ley subsidiaria de la banca, que se había quedado con muchas viviendas y no sabía qué hacer. El año 2013 la banca acumula muchas viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarías que son invendibles puesto que hay una importante crisis de crédito internacional que imposibilita dar nuevas hipotecas. Para sacar el stock de viviendas el Gobierno del Estado y la banca acuerdan activar dos mecanismos que socializan las pérdidas:
- La primera es crear la SAREB, sociedad pública que capitalizará buena parte del peor suelo y viviendas situadas en zonas que se prevé que ni a corto ni a medio plazo volverán a tener demanda solvente.
- La segunda es modificar la actual regulación del alquiler, y precarizarla aún más para los inquilinos. Se trata de crear un nuevo espacio legal que con la excusa de la “flexibilización” únicamente quiere disminuir los ya exiguos derechos de los arrendatarios para que sea un producto más seguro por los inversores. Así la banca puede sacarse de sobre estos activos pensados por la compraventa entre particulares y que en aquel momento eran invendibles. Es decir por las pérdidas de la banca la respuesta fue recortarnos los derechos de inquilinos.
Ejemplos de esto en el nuevo articulado de la LAU:
- Si el propietario vende la vivienda y está alquilada, el nuevo propietario puede extinguir el alquiler (a no ser que el inquilino haya registrado su contrato de alquiler vale registro de la propiedad. Con la antigua LAU en caso de compraventa el contrato se subrogaba.
- El inquilino puede renunciar por contrato al derecho de compra preferente de la vivienda alquilada en caso de compraventa. Con la LAU 94 este derecho era irrenunciable.
- Pasamos de contratos de 5+3 años a 3+1 año.
- Al contrario que la LAU 94, la actualización de rentas se pueden hacer por índice diferente al IPC.
- Se crea uno registro de inquilinos morosos (al margen de las razones de impagos). Muchos inquilinos pueden quedar estigmatizados a causa de su precaria economía.
- Se agilizan los procedimientos de desahucio por impago.
- A todo esto se sumó otras regulaciones estatales favorables a los inversores como dar permiso de residencia a los compradores de fuera de la UE, y sobre todo una regulación fiscal muy favorable a las SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario). Así por ejemplo estas últimas durante el 2015 fueron las responsables del 40% de las compras de solo y viviendas al Estado. Gracias a la reforma legal que hizo el gobierno en 2012, las SOCIMIs no sólo compran vivienda para alquilarlo a precios desorbitados, sino que además cuentan con un montón de privilegios fiscales: entre otros, no pagan impuesto sobre sociedades.
- La movilidad en el mercado de alquiler, la rotación alta de inquilinos, favorece sobre todo los intermediarios, que se lucren por cada transacción, y perjudica las posibilidades de los inquilinos de desarrollar sus proyectos de vida en un barrio o localidad. Lo cual amenaza también la convivencia local. El “movimiento al mercado” sólo responde pues al interés de la parte fuerte en la relación de alquiler.
«El alquiler: cosa de jóvenes, cosa temporal»
- En Barcelona más de medio millón de personas, 200.000 familias, viven de alquiler, y esto incluye grupos de todas las edades y condiciones. Las personas que nos hemos unido para crear este sindicato encarnamos esta pluralidad.
- Un alquiler accesible y seguro constituye un recurso vital para personas y colectivos con necesidades y aspiraciones que no responden a los condicionantes de la tenencia con propiedad. Esto no sólo incluye los y las jóvenes.
- En muchos países europeos el alquiler es una opción deseable y legítima más allá de los momentos vitales iniciales o de transición. Queremos que sea así también en nuestro contexto porque creemos firmemente que la dignidad del alquiler contribuye a garantizar el derecho a la vivienda a escala de toda la sociedad. El alquiler tiene que ser una opción tan digna como la compra, no un plano B por cuando no se puede acceder a la propiedad. Hay que equilibrar las proporciones de las diferentes tenencias.
- La precariedad del alquiler ha traído a clase trabajadora a hipotecarse. La precariedad laboral la ha traido a convertirse en inquilina. El Sindicato quiere ser la alternativa a la hipoteca.
Construcción de vivienda, “Lo único que se puede hacer es construir para generar más oferta, porque en un mercado libre los precios descienden con la oferta»
- No podemos olvidar que la burbuja más grave de la historia nos demostró que la enorme oferta en ningún caso hacía disminuir los precios.
- Barcelona no tiene suelo para hacer toda la vivienda supuestamente necesaria para presionar precios a la baja.
- No sólo no solucionamos el problema del expolio del alquiler, sino que además lo usamos de excusa para fomentar otro “pelotazo” para los sospechosos habituales y no para la ciudadanía.
- La nueva burbuja, sumada a la crisis hipotecaria, está condenando a miles y miles de personas y familias a la exclusión y miseria permanente, y esto se concentra en los barrios periféricos. En Barcelona hay 9 desahucios diarios,. Prácticamente todos son ya por impago de alquiler. Mientras tanto, en Cataluña hay 440.000 viviendas vacías (dato de 2011), muchas de ellas en manos de una banca que fue rescatada con el dinero de todos los ciudadanos.
Estos pisos tendrían que ponerse todos en alquiler social para acercarse al 15% de vivienda pública por municipio que dicta la ley de la Generalitat de 2007 y que ahora está en un ridículo 1.5%, a 13 puntos de la media europea. Habría que movilizar todo el parque de vivienda vacío en Cataluña, que se estima en centenares de miles de viviendas. Al menos unas 230.000 para cubrir necesidades habitacionales.
«Los propietarios sufren destrozos e impagos»
- Hay que equilibrar derechos y obligaciones. Si se producen impagos o destrozos ya hay una ley que las castiga.
- El problema central es que la ley permite que el derecho a la vivienda de los inquilinos se vulnere sistemáticamente: inasequible, inestable y en malas condiciones.
- Los inquilinos tenemos que demostrar que somos responsables de mil maneras para acceder a un piso. Pero ¿qué hay de la responsabilidad social de los propietarios en verso la comunidad que es la ciudad, el país?
- La vivienda tiene que tener función social, es un bien de primera necesidad, que se tiene que preservar de la especulación.
- Tener menos recursos económicos no quiere decir ser un inquilino irresponsable. Subir precios no se justifica por este argumento. Esto sería criminalizar las clases populares.
«¿Estáis de acuerdo con que una persona que le ocupan una primera o segunda propiedad tenga tantos problemas legales para poder echar los ocupas?»
- La gran mayoría de los inquilinos que impagan lo hacen por imperativo de las circunstancias: situaciones de paro, de pobreza, etc. No es plato de buen gusto ver como peligra tu permanencia a casa tuya. Por este motivo la inmensa mayoría de locatarios hacen todo el posible para cumplir con su obligación de pagar el alquiler, incluso cuando este es abusivo. O bien buscan una alternativa cuando prevén que no podrán pagar en el futuro inmediato: esto trae a los desplazamientos forzosos que resultan invisibles porque no se llega al desahucio.
- Los medios enfatizan la imagen del pequeño propietario que teme por su vivienda vacío. Pero ¿qué porcentaje real hay de casas en manos de familias y pequeños propietarios? ¿Qué parte está en manos de rentistas e inversores? Denunciamos que las administraciones ocultan deliberadamente cuál es la distribución de la propiedad.
- El parque de viviendas en manos de bancos ha aumentado mucho con las ejecuciones hipotecarias. Hay que priorizar el uso social en este parque mediante medidas reguladoras.
- El aumento del número de ocupaciones de pisos es fruto de la carencia de alternativas con que se encuentran muchas familias. Es por eso que reclamamos con urgencia la ampliación del parque de vivienda social de alquiler.
- Que las economías domésticas dependan del ingreso de un alquiler para poder sostenerse es síntoma de problemas sociales de otro alcance: pensiones bajas, paro, cuotas hipotecarias insostenibles… Hace falta que la administración pública dé respuestas en vez de continuar “privatizando el bienestar”.
- En general, los pequeños propietarios, por ejemplo las personas que tienen el piso donde viven y otro alquilado, o bien són inquilinos de un piso y tienen otro donde actúan como alquiladores, prefieren tener un inquilino estable y que pueda pagar, más que no maximizar el beneficio con un alquiler alto que provoque mucha rotación de inquilinos y periodos donde el piso está parado. Esta rotación sólo interesa a los intermediarios.
«Dicen los APIs y la Cámara Propiedad que dáis miedo. ¿Por qué?»
- Lo que da miedo es que te queden unos meses de alquiler y te pidan el doble del que pagabas, obligándote a marchar, con todo el que esto supone. Para no hablar de las personas que directamente no pueden pagar un alquiler y quedan literalmente a la calle.
- Nosotros defendemos el que dice la constitución: que los poderes públicos tienen que regular el suelo para garantizar el derecho a la vivienda y evitar la especulación.
- Es normal que en cualquier ámbito de la vida la gente se organice, pasa con cualquier colectivo laboral, y siempre ha pasado en el ámbito de la vivienda.
- El problema es que hasta ahora sólo estaba organizada una parte. Ahora ha llegado la hora que los locatarios también nos organizamos. La reacción de los APIs y de la Cámara de la propiedad nos da la razón y nos demuestra que hace falta un contrapeso a sus intereses.
- Simplemente queremos normalizar la situación, inspirándonos en sociedades como la alemana donde hace muchos años que las personas que viven de alquiler tienen organizaciones que defienden sus derechos.
Nuestros objetivos
- Hablamos de alquileres justos. Esto quiere decir alquileres asequibles, proporcionales a los ingresos de la gente. Y por eso reivindicamos que se regulen los precios.
- Quiere decir alquileres estables y de larga duración, que permitan hacer proyectos de vida . Por eso reivindicamos que se derogue la actual ley de arrendamientos.
- También exigimos que se cumpla el que dice la Ley Catalana de Vivienda (2007): una ciudad como Barcelona tendría que tener un parque de vivienda pública equivalente al 15% de toda la vivienda. Y no pasamos del 1,5%.
- Ante leyes ilegítimas, queremos ser miles para protegernos, con servicios jurídicos, pero también construyendo una fuerza colectiva que nos permita garantizar estos derechos.
- Los Diez Puntos del Sindicato son demandas de mínimos alrededor de las cuales queremos construir una lucha masiva capaz de ganar victorias tanto a nivel local como nivel global.
