El informe de los efectos de la Regulación de Alquileres (11/2020) en Cataluña elaborado por la cátedra de empresa «Vivienda y futuro» de la Universitat Pompeu Fabra y la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña (APCE) se ha hecho eco para denunciar que la regulación redujo la oferta de viviendas un 15%. Este titular es falso, como explicaremos a continuación. Un estudio sobre la regulación de los alquileres impulsado por la patronal inmobiliaria-APCE tiene la misma credibilidad que un estudio financiado por Malboro sobre las consecuencias del consumo de tabaco.
Los titulares no se han hecho públicos ahora por casualidad, el miércoles 18 de enero se presentó en un acto oficial junto con Oriol Amat, actual rector de la Universitat Pompeu Fabra y exdiputado de Junts pel Sí, con el objetivo de impulsar una campaña antirregulación en las principales portadas de los medios de comunicación. ¿Por qué ahora? Pues porque las negociaciones para cerrar el texto definitivo de la futura Ley Vivienda están en su punto más álgido, y la regulación de alquileres es uno de los temas claves.
La patronal inmobiliaria hace política a través de la academia
La financiación y dirección de los estudios sobre vivienda por parte de los promotores inmobiliarios representan un conflicto de intereses y una falta de independencia académica. El vínculo entre los autores y el negocio inmobiliario llega hasta el punto de que el director de la Cátedra APCE-UPF, Josep Maria Raya, fue uno de los testimonios invitados por el fondo buitre Azora en el juicio sobre las cláusulas abusivas en los contratos de alquiler el pasado noviembre. El rol de Raya en este juicio fue defender los intereses del tercer fondo buitre con más viviendas del Estado.
Está claro que si una política por el derecho a la vivienda como la regulación de alquileres funciona y baja los precios, el APCE pierde dinero. Es por eso que tiene interés en desprestigiar la regulación de alquileres y utilizará todas las herramientas que tenga al alcance para hacerlo.
Un estudio sesgado intencionadamente
Sin embargo, los resultados del estudio son de dudosa veracidad y contradicen explícitamente otros estudios que se han publicado sobre los efectos de la regulación de alquileres, como son del Observatori Metropolità de l’Habitatge y el Institut d’Economia de Barcelona.
A pesar de que la UPF lo ha comunicado así, del estudio no se desprende ninguna caída del 15% en la oferta a causa de la regulación. La cifra del 15% es solo una cita de los resultados de otra investigación previa de la cátedra UPF-Tecnocasa. Los análisis propios del estudio de Raya sitúan la caída de la oferta en un 4%, y esto solo después de aplicar un sesgo metodológico: dejar fuera todos los municipios catalanes donde se han firmado menos de 50 contratos en el periodo evaluado. Esta exclusión hace que varíen los resultados, puesto que queda escondida parte de la oferta de alquiler existente durante la regulación. En resumen, una manipulación de los datos en la elaboración de los resultados, y otra manipulación a la hora de comunicarlas.
Y no solo esto. El estudio de los promotores inmobiliarios ignora deliberadamente los efectos positivos en el ahorro que ha supuesto a 160.000 hogares la regulación de alquileres: al bajar un 5% los alquileres, los hogares se ahorran una media de 42€ mensuales, que si se multiplican por el número de contratos firmados y regulados y su duración, estamos hablando de una inversión social de 404 millones de euros. Un ahorro que mitiga la asfixia económica de los hogares inquilinos, es del todo positivo para la economía de todo el país y tiene efectos estabilizadores y de cohesión social, puesto que garantiza precios asequibles y frena los procesos de desahucio por impago. Quizás lo qué les molesta es que estos 404 millones de euros no hayan ido al bolsillo de los promotores inmobiliarios.