Casi 150 familias vs. Goldman Sachs o cómo la unión gana el primer ‘round’ al titán financiero de Wall Street

Por Sílvia Riera

Las familias de Avenida Barcelona 113 de Sant Joan Despí ganan una batalla, pero no la guerra. Este bloque con cerca de 150 viviendas en alquiler ha vencido el primer pulso a Goldman Sachs, el nuevo propietario del inmueble, pero aún queda camino por recorrer. No obstante, esta primera victoria es un hito para todos aquellos que se han implicado en esta lucha colectiva y da oxígeno para continuar con esta cruzada, que tiene como fin frenar de una vez por todas la especulación en los precios de los alquileres.

 

Este pulso también ha servido de revulsivo para que, por primera vez en cinco años, los vecinos del bloque no solo sumaran a favor de una causa común, sino que tomaran consiencia de que forman parte de una comunidad que hay que defender. La contienda ha contribuido también a crear un tejido social inexistente hasta entonces y a través de asambleas, reuniones, chocolatadas, pintar pancartas o montar chapas en la planta menos cuatro del párking fueran solidificando gestos de compañerismo y amistad.

 

Ahora, los inquilinos de Avenida Barcelona 113 han logrado un acuerdo para los 94 vecinos a los que el contrato les vence en 2018. Pero queda aún por terminar de llegar a un pacto satisfactorio para los que lo finalizan en 2019 y 2020.

 

Desde el primer momento, y ante la fuerte escalada de los precios en los últimos años y la falta de vivienda de alquiler en la comarca del Baix Llobregat, los vecinos pactaron proponer a la propiedad una subida del 20% sobre las mensualidades actuales en tres tramos: un 5% en el primer año, otro 5% en el segundo año y del 10% en el tercer año. La última palabra del dueño fue aplicar la subida de la cuota mensual del 20% en tres años para todas las familias, pero no los tiempos en los que se efectúa.

 

Por ahora, la fórmula que propone el bloque es sólo para los 94 vecinos a los que el contrato les concluye este año, pero no para el resto. Por tanto, queda aún por defender que el incremento sostenido sea para las 150 viviendas igual. Para los inquilinos con contratos que finalicen en 2019, la propuesta del propietario pasa por aumentar un 10% el primer año, otro 10% el segundo año y el IPC el tercero; para los de 2020, la subida es más cuesta arriba: del 20% el primer año y el avance del IPC en el segundo y el tercero.

 

En la última reunión de los vecinos, celebrada la semana pasada, se acordó que se mantendría la negociación colectiva y que se continuaría presionando a la propiedad para igual condiciones. En el encuentro de la semana pasada se dio también luz verde a la última versión del contrato tipo que la nueva empresa administradora del inmueble, Medasil Desarrollos, había facilitado. De esta manera, empezarán a firmar sus nuevos contratos aquellas familias que ya tenían el anterior vencido, evitando  la entrada en un proceso judicial.

 

 

El extrarradio de Barcelona frente a Goldman Sachs

Con este primer acuerdo se dejan atrás cerca de tres meses de negociaciones difíciles y tensas con el nuevo administrador de los pisos en alquiler del inmueble, Medasil Desarrollos, una sociedad con sede en Barcelona y propiedad del empresario e inversor Valentín Bascuñana. Esta compañía es la intermediaria y represtante del dueño del inmueble, la empresa Avenida Barcelona 111, que a principios de año cambió de manos y, mediante una ampliación de capital de 12,4 millones de euros, compró la británica Pyrenees Acquisitions, filial del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs. El presidente de la sociedad Avenida Barcelona 111 es ahora el director general de Goldman Sachs en España, Guillaume Marinacce.

 

La alarma saltó a mediados de enero. Todo empezó cuando un primer grupo de vecinos se movilizaron ante la falta de una respuesta clara a sus dudas sobre la posibilidad de renovar los contratos que concluían a principios de año. Las familias a las que les vencía el contrato en marzo habían empezado a contactar con el anterior administrador de la finca, Arrenda Associats, con sede en Terrassa (Barcelona), para preguntar por la renovación y las respuestas obtenidas eran contradictorias y confusas, se dejaba entrever un cambio de propiedad y, en algunos casos, se habló de firmas de nuevos contratos con subidas que podrían llegar a ser del 100% sobre el precio actual.

 

La tensión vecinal subió un escalón cuando se convocó la primera reunión. Aquel primer grupo de vecinos contactó con el Ayuntamiento de Sant Joan Despí, con la la Asociación de Vecinos del barrio de Las Planas (donde se ubica el inmueble), el Sindicat de Llogaters, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y colgó carteles en las cinco escaleras del bloque para anunciar la celebración de una asamblea. Era la primera vez en cinco años que alguien realizaba una convocatoria de tal magnitud. En aquella primera reunión se sentaron las bases para abrir un proceso negociador que se ha alargado durante más de diez semanas.

 

Con la ley en su contra, las familias del inmueble decidieron ir a por todas e iniciar una campaña de presión social, política y mediática para lograr contactar con el propietario, negociar con él y llegar a un acuerdo favorable, siempre en negociación colectiva. Desde la alcaldía se medió para un primer encuentro con el nuevo administrador del edificio.

 

La segunda asamblea fue en el Centro Cívico de Las Planas y los vecinos llenaron la sala de actos de la entidad. Se habló de ocupación, de lucha colectiva, de implicación y de resistencia. Y mientras se abría una mesa de negociación con Medasil Desarrollos, se empezaron a definir las primeras acciones: impulsar redes sociales y contactar con los medios de comunicación, cubrir el inmueble de pancartas denunciando la situación, caceroladas todas las noches, chapas y organizar una manifestación.

 

 

Presión, tensión y negociación

En la negociación, el punto de partida de la empresa administradora era que los precios de los alquileres actuales están por debajo de los de mercado y que su propósito era actualizarlos. Así, si la horquilla de los alquileres en el bloque de Avenida Barcelona 113 se ha movido en estos últimos cinco años entre 550 euros y 900 euros (según las características de cada piso), la misión de Medasil Desarrollos era fijarlos entre 900 euros y 1.600 euros.

 

Frente a frente en la mesa de negociación, las posiciones eran radicalmente opuestas. La propuesta de los vecinos consistía en un alza progresiva sobre las mensualidades actuales, mientras que la de Medasil Desarrollos se basaba en bonificaciones sobre el precio de mercado. Los primeros hablaban de subidas y los segundos, de bajadas.

 

Con el transcurso de las semanas, y a medida que la presión social y mediática fue escalando, las posiciones fueron acercándose. La manifestación fue un punto de inflexión en las conversaciones. Más de un millar de personas se sumaron a este acto de protesta que tuvo lugar a mediados de febrero y que sumó a más vecinos de Sant Joan Despí y a personalidades políticas. Aquella propuesta evidención que el conflicto de Avenida Barcelona 113 no es un hecho aislado, sino que simboliza la punta de un iceberg de gran profundidad y que impacta en cientos de miles de ciudadanos de Cataluña y del conjunto del país.

 

Después de varios encuentros con Medasil Desarrollos, finalmente, se alcanzó un primer acuerdo en la subida del 20% igual para todos los vecinos. Sin embargo, faltaba por resolver cómo se iban a graduar los incrementos. Dado este primer paso, los vecinos exigieron entonces un contrato tipo. Y aquí las posiciones volvieron a enrocarse ante un documento plagado de cláusulas abusivas y, en algunos casos, sin fundamento legal. Con el apoyo del equipo de abogados del Sindicat de Llogaters se excluyó todo el texto sin base jurídica hasta consensuar un contrato razonable y equitativo para ambas partes.

 

 

La lucha continúa

La negociación colectiva ha sido el pilar de esta batalla y debe continuar siéndolo para poder ganar una guerra que aún está lejos de poder finalizar. Ahora, los vecinos esperan que se empiecen a firmar los primeros contratos con duración de tres años y una subida del 20% en tres fases: 5-5-10. Cuando esto se produzca, será la primera vez en tres meses que las familias de Avenida Barcelona 113 den su primer respiro de alivio.

 

Pero la contienda continúa. Y no sólo en Avenida Barcelona 113. En el bloque, queda luchar por igual condiciones para los vecinos que finalicen contratos en 2019 y 2020, pero ¿qué ocurrirá en 2021? Si en tres años la Ley de Arrendamientos Urbanos no cambia, los inquilinos de este inmueble volverán a la casilla de salida y, junto a ellos, cuántas otras familias del Baix Llobregat, de toda la provincia de Barcelona, de Cataluña y del resto de España continuarán asfixiadas por la voracidad especulativa de grupos de inversión que ahora han visto en el alquiler su nueva gallina de los huevos de oro.

 

Y en este combate permanecerán inquilinos de la comunidad que han estado en la primera línea de las negociaciones. Ahora, toca llevar más allá de Avenida Barcelona 113 la defensa de alquileres justos para todos, junto con el Sindicat de Llogaters y otros agentes sociales y políticos.

 

Sílvia Riera
Inquilina de av. Barcelona 113

 

Negociación colectiva

Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les galetes. Més informació.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca