Es innegable que la mejor manera de garantizar el derecho a la vivienda es crear un parque social y asequible de alquiler, a la altura de la educación o la sanidad. Sin embargo, la patronal inmobiliaria, los fondos buitre y los economistas neoliberales a menudo afirman que esta es «la única medida posible» si se quieren bajar los precios. Aseguran que si hubiera mucha más oferta de vivienda social y asequible, los precios del mercado bajarían. Y para defender esto, citan casos como el de Holanda o Viena, alegando que tienen un 40% de vivienda social (e ignorando que también regulan los precios en el mercado privado, de múltiples maneras). Este planteamiento es muy tramposo, puesto que en las ciudades donde tenemos mayores problemas de acceso a la vivienda es muy difícil añadir grandes cantidades de viviendas públicas de forma ilimitada.
¿Pero qué pasaría si damos por válida la hipótesis de que se puede aumentar la vivienda social y asequible ilimitadamente, y que esa es la única forma de bajar los precios? ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar?
Tomemos el dato del 40% de viviendas sociales. En el estado español, actualmente esto equivaldría a 5,33 Millones de viviendas sociales. Puesto que el Gobierno central ha anunciado que en esta legislatura va a sumar 26.000 viviendas, no es difícil hacer un cálculo de cuanto tiempo nos llevaría lograr un sistema como el de Viena. Al ritmo actual, tardaríamos 820 años en tener un sistema de vivienda social y asequible que representase el 40% sobre el total, como el que ya tienen Holanda o Austria. Lo han oído bien: tomando por buena la hipótesis de la patronal inmobiliaria y los economistas liberales, tendríamos que esperar hasta el año 2841 para acercarnos a un parque de vivienda público capaz, por sí solo, de bajar los precios.
No hay duda de que hay que ampliar el sistema de vivienda social, pero esto no puede servir de excusa y de trampa para no hacer nada más y condenarnos a una crisis de vivienda permanente, durante siglos. Es necesario ampliar el gasto público, sí, pero esto debe ir de la mano de medidas valientes que gobiernen el mercado, como hacen precisamente aquellos países con los sistemas de vivienda social robustos: regulando los precios del alquiler, con contratos renovables automáticamente, devolviendo el medio millón de apartamentos turísticos al sistema residencial y dando función social a la vivienda vacía, entre otras medidas.