El Sindicat de Llogateres i Llogaters nació el mayo de 2017 para poner fin a la creciente burbuja de precios de alquiler en la que nos encontramos. La propiedad, organizada y con todas las leyes a su favor, tiene mucho poder para estrangularnos a las inquilinas e inquilinos, subiendo los precios y expulsándonos de nuestros hogares con facilidad. Constatando esta realidad, el Sindicat tiene como misión organizar a las inquilinas y inquilinos para revertir el equilibrio de fuerzas y defender el derecho a la vivienda, a un hogar y un alquiler digno dirigiéndonos hacia el objetivo final: la desmercantilización de la vivienda.
Para dar pasos en esta dirección, es necesario tener unas técnicas, estrategias y tácticas que sirvan de brújula para ir consiguiendo pequeños y grandes cambios. Para poder impulsar este cambio estructural que todas anhelamos, necesitamos ser una organización de masas, que dispute el marco mental y material de la orden establecido actual, donde desgraciadamente prevalece antes el derecho a la propiedad que el derecho a tener un hogar digno. Para poder conseguirlo, necesitamos una organización que luche en todos los ámbitos, ejerciendo un sindicalismo donde los vecinos y vecinas inquilinas se organicen para hacer frente a los abusos de la propiedad. Esto lo hacemos por medio de las asesorías colectivas (las asambleas de inquilinas con casos o conflictos abiertos) y a través de la comisión de acción sindical donde pensamos las estrategias y campañas generales, que entonces en cada sección nos permitan abrir procesos de negociación con grandes y pequeños propietarios, para poder dialogar en una situación de igualdad y pactar contratos y precios asumibles con condiciones dignas y estables.
A la vez (a veces como Sindicat de Llogateres, a veces con otras organizaciones que defienden el derecho a la vivienda y/o un cambio social) presionamos a las instituciones para que cambien las leyes y las reglas del juego a favor de las personas que vivimos a los hogares y no que especulamos. Ejemplos de esto son la Ley de Contención y Regulación de Alquileres de Cataluña o nuestras presiones al Congreso porque se modificara la Ley de Arrendamientos Urbanos, alargando la duración de los contratos, limitando las fianzas, así como exigiendo una regulación de precios urgente; y la introducción, a nivel municipal, de la medida del 30% de vivienda con alquiler regulado por cada nueva construcción o rehabilitación integral.