La carta de las 250 familias al fondo buitre Azora

A la atención de Azzam (Servicio de Gestión Inmobiliaria de Azora), y a los socios fundadores de AZORA, Concha Osácar y Fernando Gumuzio,

En nombre y representación de nuestro afiliado queremos informar a Azzam y a los socios fundadores de Azora de que el contrato de alquiler propuesto por ustedes atenta gravemente contra sus derechos, y contra el derecho a la vivienda en general. La propuesta que le han hecho llegar a nuestro representado está repleta de irregularidades y de aspectos muy cuestionables, desde una perspectiva tanto ética y humana como legal. Constatamos, además, que no se trata de un caso aislado, sino de un estrategia general de su empresa, por cuanto todas las notificaciones que están haciendo llegar al conjunto de familias inquilinas en la Comunidad de Madrid y en Cataluña presentan problemas comunes.  Los detallamos a continuación. 

  1. En primer lugar, plantean una subida de precio absolutamente abusiva, de hasta 1.769€, cuando el inquilino ya paga 1.062€. Se trata de un aumento del 70%, que en el caso de muchas otras familias llega hasta el 80%. Aunque la actual Ley de Arrendamientos no regula el precio del alquiler (a diferencia de muchos países de nuestro entorno europeo) lo que se plantea aquí resulta inaceptable, muy por encima de lo que fija el Índice de Precios de la Generalitat de Catalunya (índice que por otra parte refleja precios de mercado) y con carácter completamente abusivo. 
  2. Además, pretenden imponer este aumento a través de subidas interanuales desvinculadas del Índice de Precios al Consumo, lo que a todas luces supone incurrir en fraude de ley respeto el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Dicho RDL determina lo siguiente en el apartado 9: «en todo caso, el incremento producido como consecuencia de la actualización anual de la renta no podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios al Consumo a fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia para la actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de actualización del contrato.»
  3. Adicionalmente, se exige la contratación por parte del inquilino de un seguro por impago. Nuevamente incurre en fraude de ley, dado que tal seguro sólo beneficia al propietario en caso de impago y por tanto, es abusivo exigirselo a la parte arrendataria.
  4. Finalmente, se le ha negado a la familia la posibilidad de ver los contratos de antemano, lo que imposibilita cualquier posibilidad de consulta jurídica sobre lo que se exige firmar. 

Por los motivos expuestos, que afectan gravemente al conjunto de los inquilinos de Azora, más de 200 familias en Badalona, Terrassa, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona y Granollers, el Sindicat de Llogateres ha decidido denunciar la situación y hacerle frente de manera colectiva. Hemos mandado diversos burofax a su empresa, informando de la situación y pidiendo una negociación colectiva, con el fin de acordar unos alquileres justos y asegurar el futuro de nuestros afiliados en sus hogares.

A pesar de que hasta la fecha las familias no han recibido ningún tipo de respuesta ni de consideración, evitando reconocerlas como la contraparte que son, reiteramos la propuesta de una negociación colectiva -como las que por otra parte tenemos habitualmente con otros fondos y arrendadores de diversa índole.

Apelamos al razonamiento de los gestores y socios de Azora: persistir en imponer condiciones abusivas a centenares de familias y/o tratar echarlas de sus casas y barrios no contribuirá a resolver el conflicto. Al contrario, solo servirá para echar leña al fuego y encender los ánimos de una ciudadanía que ya no tolera más abusos y pide respeto. Es hora de abrir una fase de diálogo y entendimiento.

Carta a Azora

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