
Hoy la Generalitat ha anunciado un decreto ley para reducir el número de licencias de vivienda de uso turístico. Esta medida llega tarde, pero sin lugar a dudas responde a la lucha que el movimiento por la vivienda, los movimientos vecinales de Cataluña y el Sindicatot de Llogateres llevamos años impulsando para proteger el derecho a la vivienda.
La vivienda tiene que cumplir la función para la cual fue diseñada: que viva gente. No tiene ningún sentido que Cataluña tenga 100.000 pisos desviados al mercado turístico. En los últimos diez años, Cataluña ha multiplicado por 20 sus licencias de uso turístico.
En Cataluña contamos con un parque de vivienda considerable para dar respuesta a la necesidad habitacional de toda la población, el problema es que se ha puesto al servicio de la especulación turística e inmobiliaria a través de los alquileres turísticos o de temporada. A esta tendencia se suma la dinámica recurrente de grandes tenedores de dejar pisos vacíos. Con todo ello, la patronal inmobiliaria crea una falsa sensación para generar escasez artificial y subir artificialmente los precios del alquiler.
Además, la alta concentración de pisos turísticos tiene consecuencias más allá del mercado de la vivienda. La masificación turística deteriora la convivencia y el paisaje urbano y satura los espacios y los servicios que tendrían que estar destinados al vecindario.
Este decreto es una buena noticia, pero solo aborda una parte del problema. Hay que recuperar para uso residencial buena parte del parque de vivienda que se ha desviado a otros usos, como las viviendas de uso turístico que operan impunemente sin licencia o las viviendas que se desvían al mercado de alquiler de temporada. Se tiene que ir más allá y recuperar la función residencial de todos los pisos desviados hacia usos anómalos.
Los alquileres de temporada, un gran agujero pendiente de abordar
En muchos territorios de Cataluña, la mayoría de oferta habitacional se destina a alquileres de temporada o turísticos, dependiendo la época del año. En lugares como La Cerdaña, el Sindicat de Llogateres ha detectado casos de viviendas que son arrendadas como alquileres de temporada durante el invierno para trabajadores, y en verano se alquilan los fines de semana bajo el marco jurídico de alquiler turístico. El mismo esquema se repite en municipios la costa catalana o el Área Metropolitana de Barcelona, donde los apartamentos turísticos de verano se convierten en alquileres de temporada durante la temporada baja.
Los alquileres turísticos precisan de licencias otorgadas por parte del municipio y permiten hacer alquileres por periodos inferiores a los 30 días. Ahora bien, en el caso de los alquileres de temporada, no es necesaria ninguna licencia. De hecho, los alquileres de temporada están totalmente desregulados y los arrendadores no tienen que cumplir con las condiciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos, como por ejemplo la duración mínima de 5 o 7 años, la prohibición de cobrar honorarios a los inquilinos o la aplicación de la regulación de alquileres cuando esta entre en vigor. Sin una regulación ambiciosa para limitar los alquileres de temporada, la regulación de los pisos turísticos se quedará a medio camino.