Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
PSOE y Unidas Podemos se han comprometido a regular los alquileres en todo el Estado, lo cual blindará ley catalana y habilitará el resto de comunidades autónomas para regular el precio de los alquileres en los próximos 4 meses. Este acuerdo ha sido posible gracias a la presión constante de miles de personas organizadas en sindicatos de inquilinas del Estado, a la amplia mayoría social que nos permitió impulsar la ley catalana el 10 de septiembre y a las más de 9.000 organizaciones económicas, sociales y culturales que el 20 de octubre firmaron el manifiesto exigiendo que se blindara la ley aprobada en Cataluña y se extendiera en otras Comunidades Autónomas.
El Gobierno del Estado no puede declarar el estado de alarma de forma inmediata mientras pospone la aprobación de las medidas sociales hasta de aquí a unos meses. Pedir a la población que se quede en casa mientras se queda sin trabajo y tiene que pagar alquileres a precio de oro es inconcebible. Los desahucios por impago de alquiler continúan, y en muchas grandes ciudades los fondos buitres siguen pidiendo subidas del 50% del alquiler mientras los ingresos de las familias caen en picado a causa de la pandemia. La regulación de los alquileres no puede esperar más.
La regulación que se propone es de mínimos, pero supondrá un cambio histórico después de décadas de políticas al servicio de la especulación, y se basa en la que ya está en vigor en Cataluña. El objetivo es impedir las subidas de alquiler y fomentar las bajadas de precios.
No hablamos solamente de un problema económico, sino también de una cuestión de seguridad y de derechos humanos: es intolerable que miles de personas vivan con la angustia permanente de no saber si les subirán el alquiler o las echarán de casa. Por eso otro elemento muy importante es que el texto público del Gobierno reconoce a los sindicatos de inquilinas como agente social: nos encontramos ante un reconocimiento sin precedentes, a nivel estatal, del derecho a organizarse colectivamente en el campo de la vivienda, como ya sucede en el campo del trabajo.
Es urgente impedir las subidas y bajar los precios para proteger a miles de personas que viven de alquiler, tal y como se ha hecho en Cataluña. El compromiso del gobierno es un paso adelante, pero los sindicatos de inquilinas no bajaremos la guardia y seguiremos vigilantes hasta que el gobierno del Estado cumpla su pacto de gobierno (punto 2.9.3) y el compromiso con más de 9.000 organizaciones que apoyan a la regulación de precios.
*** La regulación de los alquileres en Catalunya, así como todo lo que hemos logrado, sería imposible sin las 2.000 familias afiliadas al Sindicato. Necesitamos seguir creciendo para impulsar el cambio. Da igual si tienes tu casa en propiedad o vives de alquiler:si estás a favor del derecho a la vivienda, súmate.