Primeros frutos de la lucha frente a Azora: multa de dos millones por tener pisos vacíos

 

Los fondos buitre suelen defender que, para bajar los precios del alquiler, solo hace falta construir más: una falacia sin base empírica, tal y como se ha demostrado repetidamente en las últimas décadas. Pero lo sorprendente es que afirmen esto mientras mantienen viviendas vacías. Es el caso de Azora, que se dedica a exigir subidas abusivas de hasta el 80% mientras mantiene una parte de sus pisos vacíos. En el edificio de la calle Alfonso Comín 11-12, en Barcelona, tiene al menos 20 viviendas de protección oficial vacías, desde hace mucho tiempo.

En febrero 2019, las inquilinas e inquilinos de Alfonso Comín instamos al Ayuntamiento de Barcelona a tomar medidas, como parte de una campaña a escala catalana, impulsada por más de 250 familias de nueve fincas de Azora. Cuatro meses despúes, y con una pandemia en medio, hoy podemos explicar que el ayuntamiento ha iniciado un procedimiento sancionador contra Azora. El fondo buitre se expone a multas de entre 90.000 y 900.000 euros por cada una de las viviendas vacías que están incumpliendo su función social.

 

Subidas abusivas e intentos de expulsión durante la pandemia

Carme Alcazar, vecina de Alfonso Comín, recibió un burofax el 24 de Abril, en pleno confinamiento. Le advertía de que se le terminaba el contrato, que no le renovarían, y que tenía que irse de casa. Ella respondió que tenía derecho a prórroga pero Azora le volvió a responder con un burofax que insistía en que se marchase del hogar. No fue hasta que Carmen mandó los documentos que acreditan que el Estado obliga a prorrogar los contratos que finalizan durante el Estado de Alarma, que el fondo buitre cedió.

A Beatriz Rodríguez, el contrato se le terminó en enero. Azora le exigía una subida abusiva, y ella respondió proponiendo una negociación colectiva. A pesar de estar fuera de contrato, siguió pagando cada mes, a la espera de poder sentarse a negociar con Azora, que no dió respuesta. En pleno confinamiento recibió dos burofaxes de Azora diciéndole que tenía que irse de casa. Otra vecina en situación similar a la de Beatriz es Carol Quijada: lleva fuera de contrato desde noviembre, pero tiene claro que no está sola.

 

La defensa numantina de Alfonso Comín

Las vecinas y vecinos de Alfonso Comín, así como el resto de comunidades organizadas en el seno del Sindicato de Inquilinas, hace meses que hemos instado a Azora a sentarse e iniciar una negociación colectiva. La empresa pretende imponer subidas del alquiler absolutamente abusivas -y aún más cuestionables en el caso de una finca de protección oficial que desde 2018 ha pasado a regirse por el régimen de precio concertado.

Además de las subidas abusivas, Azora es responsable de todo tipo de prácticas abusivas. Un ejemplo: el fondo pretende que los vecinos paguen el IBI del edificio, cuando es un importe que corresponde a la empresa. Otro ejemplo: la empresa no cumple con sus obligaciones de mantener las instalaciones en buen estado: hay goteras en la terraza que provocan humedades en la sexta planta, problemas de filtración de agua en las ventanas, y los ascensores presentan constantes averías.

La comunidad de Alfonso Comín, organizada desde el pasado otoño, exigimos una negociación colectiva que incluya a todas las familais a las que se les acaba el contrato durante 2020 y 2021, para renovar los contratos a un precio asequible durante 7 años. Algunas familias ya se encuentran fuera de contrato porque se les terminó durante el estado de alarma, o porque Azora les exigía unas subidas totalmente inasumibles sin siquiera sentarse a negociar.

 

La lucha estatal contra Azora y la necesidad de cambiar la ley

Hace tiempo que denunciamos las prácticas especulativas del fondo buitre Azora dirigido por Concha Osácar y Fernando Gumuzio, que cuenta con al menos 13.500 viviendas en todo el Estado.

Las comunidades de Azora en Catalunya, Euskadi y Madrid mantenemos un conflicto que empezó cuando el fondo empezó a exigir subidas absolutamente disparatadas, de hasta el 90%. Y no solo eso. La empresa también trata de imponer subidas encubiertas durante el contrato, infringiendo lo que dice la Ley de Arrendamientos Urbanos, e incurriendo en fraude ley. Otras prácticas ilegales practicadas por la empresa de Osácar y Gumuzio son la imposición de clásulas abusivas, como la obligación de pagar el IBI, o la contratación de seguros anti-impago y de servicios complementarios como plaza de parking. Otro abuso flagrante, que ya hemos denunciado en varias ocasiones, es la imposibilidad de ver el contrato hasta el día de la firma.

No hay otra solución a este conflicto que una negociación colectiva, en la que se acuerden contratos de alquiler estables, asequibles y dignos para todos y cada uno de los bloques de Azora. Pero es imprescindible que el Gobierno del Estado intervenga, modificando la ley de arrendamientos y protegiendo a millones de inquilinos de los abusos a los que son habitualmente sometidos. Es necesario regular el precio del alquiler, prohibir las expulsiones sin justificación, y castigar con dureza los fraudes de ley en los que incurren Azora y muchos otros especuladores. Mientras tanto, seguiremos plantándonos ante una ley abusiva y movilizándonos masivamente.

Las comunidades de Azora organizdas en Catalunya son las siguientes: Calles Indústria, Tresmall y Providència de Badalona), Plaza Alfonso Comín de Barcelona, Carretera de Montcada de Terrassa, Calle Montseny de l’Hospitalet de Llobregat, Calle Ripollés de Barcelona, Calles Girona y Frederic Mompou de Granollers, Plaza Pau Vila de Barcelona.

 

*** Nada de lo que hemos logrado sería posible sin las 2.000 familias afiliadas al Sindicato, pero necesitamos seguir creciendo para impulsar el cambio. Da igual si tienes tu casa en propiedad o vives de alquiler: si estás a favor del derecho a la vivienda, súmate.

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