Las multas no detendrán al movimiento por el derecho a la vivienda

La ola de desahucios en Barcelona no se detiene. Cada día el movimiento por la vivienda está poniendo el cuerpo para evitar la expulsión de miles de familias de sus hogares en plena pandemia, mientras que los cuerpos policiales del Estado y la Generalitat se dedican a utilizar instrumentos tan cuestionados como la llamada ley mordaza para reprimir a las activistas que hacen el trabajo que les correspondería a la Administración: hacer cumplir las leyes que protegen el derecho a la vivienda.

Por ello el Sindicat de Llogateres, la Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixample, el Sindicat d’Habitatge de l’Eixample Dret y el Grup d’Habitatge de Les Corts firmamos este comunicado dirigido a las diferentes fuerzas políticas para exigirles que hagan cumplir las leyes que ellos mismos han promulgado y cumplan con su compromiso para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, que ha demostrado ser muy lesiva para los derechos fundamentales.

El pasado 5 de octubre, en Barcelona, ​​los Mossos d’Esquadra desahuciaron a Estela. El propietario de toda la finca y de la de al lado, con más de 20 pisos en la misma calle, es Gustavo García Guillamet, reconocido empresario que ha sido presidente del Consell Regulador del Cava y director territorial del Ministerio de Agricultura. Estela vivía de alquiler desde hace más de 15 años en este piso con su familia, incluido su nieto de 7 años. Pero su situación económica empeoró y no pudo seguir pagándolo. Algo que ya les ocurre a miles de personas y que, además, está contemplada por el Decreto Ley 17/2019 y obliga al propietario a ofrecer alquiler social para evitar el desahucio de las familias vulnerables. Gustavo García Guillamet, sin embargo, no ofreció el alquiler social a la familia de Estela.

Por eso, aquella mañana de octubre la gente del Sindicat de Llocateres, la Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixample y otros colectivos  pusimos el cuerpo para oponernos al desahucio. La policía nos criminalizó e identificó. Un mes después, al menos 30 personas han sido acusadas de desobediencia, con peticiones de multa de 601 € que se basan en la ley mordaza. En vez de hacer cumplir la ley, la Generalitat envió a los Mossos para desahuciar y reprimir.

En plena pandemia, miles de familias siguen siendo desahuciadas cada semana. El ministro Ábalos miente cuando asegura en el Congreso que se han prohibido los desahucios: sólo en Barcelona, ​​se ordenaron 443 desahucios entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre, que han afectado 1.211 personas, entre las que 463 menores. Es obsceno que se exija a las familias más empobrecidas un confinamiento nocturno para luego desahuciarlas a la mañana siguiente. Es por ello que, mientras la Generalitat no hace cumplir sus propias normas y el Gobierno no actúa para detener los desahucios, el movimiento por la vivienda sigue dando respuesta.

La Ley de Seguridad Ciudadana, la ley mordaza del PP, generalizó y amplió la represión en 2015 para todo el que contestara o se alzara contra las políticas del gobierno. Esta ley protege a los especuladores y pisa los derechos colectivos de la mayoría de la población. En los últimos 5 años, más de un millón de multas han sido interpuestas arbitrariamente, sin los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales de derechos humanos, todo gracias a la discrecionalidad que permite esta ley. Es necesario que el gobierno de PSOE y Unidas Podemos cumpla su acuerdo de investidura y derogue la ley mordaza inmediatamente. Es necesario también que el gobierno de la Generalitat deje de criminalizar a las que nos oponemos a los desahucios mientras asegura haberlos prohibido.

Los colectivos en defensa de la vivienda no retrocederemos ante las amenazas y la represión. No aceptaremos las multas e iniciaremos una campaña para denunciar la criminalización de nuestro movimiento: conjuntamente presentaremos batalla legal hasta donde haga falta. Y, por supuesto, seguiremos luchando para que Estela y las miles de familias que fondos buitres y rentistas quieren dejar en la calle se puedan quedar en su casa.

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