Nuevo caso de connivencia extrajudicial entre Mossos y un gran propietario. Sobre el intento de desahucio de Livia y Juan

Sobre el intento de desahucio de hoy, 10 de diciembre de 2019, en Travessera de Gràcia 274, evitado por la Oficina de Vivienda Popular de Gracia y el Sindicato de Inquilinas de Barcelona.

Denunciamos públicamente las prácticas ilegales y que transgreden normas básicas del Estado de derecho. El cuerpo de Mossos ha actuado siguiendo órdenes directas de la propiedad, de forma autónoma y en contradicción con la decisión tomada previamente por la comitiva judicial.

La comitiva judicial, tras evaluar la situación con normalidad, junto con los Servicios Sociales, los responsables de vivienda, el Servei d’Intervenció en situacions de Pèrdua de l’Habitatge i/ Ocupacions (SIPHO), y representantes de nuestros colectivos, ha decidido suspender el desahucio de la Livia y Juan.

Con el acta judicial firmada, y cuando la familia celebraba la suspensión del lanzamiento, la Brigada Móvil de los Mossos d’Esquadra, ha accedido al interior del bloque a través de una entrada secundaria, con la intención de impedir la entrada de los vecinos y ejecutar el desahucio. Así, los Mossos procedían discrecionalmente desatendiendo la decisión tomada por la comitiva judicial.

Los inquilinos,cuando finalmente han podido acceder a su hogar se han encontrado el ascensor bloqueado y la escalera llena de agentes antidisturbios.

El acceso de los Mossos en el bloque ha sido facilitado por la propiedad, varias testigos han presenciado como uno de los agentes que se encontraba en el interior devolvía las llaves a la propietaria, dejando patente que el cuerpo policial ha seguido sus indicaciones y desatendiendo las órdenes emitidas por parte de la comitiva judicial.

Aprovechando la situación de confusión y descoordinación, la propietaria ha presionado a la comitiva judicial, con el objetivo de forzar un cambio de decisión y ejecutar un desahucio que ya estaba suspendido.

Es necesario denunciar públicamente la actuación discrecional por parte de los Mossos. No estamos ante un hecho aislado: no es la primera vez que ejecutan un lanzamiento de forma irregular e ilegal. Los Mossos están obligados a coordinarse con la comitiva judicial, y no tienen potestad de decisión por encima de los representantes judiciales.

Por ello, exigimos una revisión de los protocolos de actuación policial en casos de desahucio. Exigimos también que el Departamento de Interior de la Generalitat esclarezca y indique responsabilidades en este tipo de maniobras.

Denunciamos también la coordinación y entendimiento directo entre la propiedad y los Mossos. La propiedad no puede utilizar el cuerpo policial como si fuera una empresa privada de desocupación. Situaciones como la vivida hoy nos remiten a otros casos donde el cuerpo policial sí se ha coordinado con este tipo de empresas, y donde se ha evidenciado la actuación unilateral poniendo su fuerza al servicio exclusivo de la propiedad privada.

No podemos permitir prácticas policiales que se sitúen fuera de la ley en un Estado de derecho, con el objetivo exclusivo de proteger intereses privados mientras se vulnera sistemáticamente el derecho a la vivienda.

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