El PP declara la guerra a la ley catalana que regula los alquileres

La crónica de un recurso anunciado: Pablo Casado, presidente del PP, afirmaba hace unos días que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 11/2020, que regula el precio de los alquileres. Y lo ha hecho nada menos que de la mano del bufete de abogados que dirige el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera.

No les importa la ley, ni saben cómo funciona. Tampoco les importa el derecho a la vivienda. Y desconocen por completo la realidad de miles de hogares que viven de alquiler o que no tienen su derecho a la vivienda garantizado. Ya sea desde dentro o desde fuera de las instituciones, ambos partidos defienden siempre los intereses de quienes ven en nuestros hogares nada más que productos bursátiles.

Sin embargo, la inmensa mayoría de personas que viven de alquiler y que necesitan una vivienda no entienden de problemas competenciales. Pero saben mejor que nadie lo que es enfrentarse cada mes a precios hinchados, al chantaje de tener que elegir entre una subida o el desahucio, y a abusos de todo tipo. Por eso tienen claro que la regulación de los alquileres es una ley de mínimos pero imprescindible: porque las protege como ninguna ley lo había hecho antes. Y por eso se trata de una norma que cuenta con un amplio apoyo social: las más de 4.000 organizaciones sociales, económicas y culturales que la impulsaron y la amplia mayoría parlamentaria que la aprobó.

Nada de esto parece importar al PP, partido que en su momento ya atacó la ley 24/2015 y ahora ataca la 17/2019: normas que protegen el derecho a la vivienda, prohibiendo los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad, también promovidas por la ciudadanía y lideradas por la PAH, DESC y APE

Los argumentos del PP se basan en reproducir uno por uno todos los tópicos que repiten las patronales inmobiliarias financiadas por los fondos buitre, como Asval o Asocimi: se reducirá la oferta y aumentarán los precios (¡a pesar de que estén limitados!). Argumentos que hemos desmontado repetidamente. Lo más indignante es que el PP es el máximo responsable de la última ola especulativa que hemos padecido en torno al alquiler. Entre 2012 y 2013 redujeron la duración de los contratos de 5 a 3 años, facilitaron las expulsiones y dieron privilegios fiscales a los arrendadores. Todo bajo el pretexto de que esto reduciría los precios. Realidad: los precios aumentaron un 40% de media y se dispararon los desahucios derivados de la ley del alquiler.

Frente a este recurso, ya estamos trabajando para blindar la ley catalana y extenderla a otros territorios. El pasado mes de octubre conseguimos que el Gobierno de PSOE y Podemos se comprometiera a blindar la ley catalana y a habilitar a las CCAA a regular los precios de los alquileres. El compromiso del Gobierno es un paso adelante, pero los sindicatos de inquilinas no bajaremos la guardia y seguiremos vigilantes hasta que el Gobierno limite la especulación y proteja a la ciudadanía en todas las comunidades.

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