El Sindicat de Llogateres y el Colectivo Ronda han presentado hoy un litigio contra el fondo buitre Azora ante la Ciutat de la Justícia de Barcelona.
El Sindicat de Llogateres en colaboración con el Colectivo Ronda pone la primera demanda contra el fondo buitre Azora, el tercero con más viviendas en el Estado español, por hacer contratos de alquiler con cláusulas abusivas. La demanda se interpone concretamente contra Lazora Sociedad Inmobiliaria SL, una de las filiales de Azora, que cuenta con 13.000 viviendas de alquiler en todo el país. El litigio señala hasta 10 cláusulas abusivas y fraudulentas que aparecen en el contrato de alquiler y que contradicen la Ley de Arrendamientos Urbanos y violan los derechos de las inquilinas. Pese a que la denuncia solo se basa en un contrato, las cláusulas aparecen de manera sistemática en centenares de contratos de alquiler del fondo de inversión con alquileres en toda Catalunya y el resto del Estado.
Centenares de familias se podrían verse beneficiadas en toda Catalunya
La forma legal del litigio iniciado es una demanda judicial por la vía civil que es posible dado que se trata de un contrato de adhesión entre un particular en calidad de consumidor y Lazora. Es decir, la base jurídica de la denuncia es que el contrato no fue firmado entre dos particulares sino que la arrendataria, se vio forzada a firmar un contrato de adhesión sin ninguna posibilidad de negociación previa. El proceso judicial puede alargarse hasta un año y la sentencia determinará si las 10 cláusulas en cuestión son ilegales y atentan contra el derecho del “consumidor” y contra el derecho a la vivienda. Si la jueza falla a favor de la parte demandante, centenares de inquilinas se podrían ver beneficiadas.
Cláusulas fraudulentas
La demanda señala hasta 10 cláusulas abusivas dentro del contrato, que el juez habrá de determinar si son ilegales, y por tanto, si dejan el contrato sin efectos.
- “Bonificaciones fraudulentas”: Una de las cláusulas abusivas más destacadas son las llamadas “bonificaciones”. Bajo este término, Lazora impone subidas de alquiler interanuales que superan el IPC. Concretamente impone subidas de hasta el 20% una vez se han superado los 3 primeros años de contrato (en contratos de 7 años). Esta cláusula es contraria al Decreto Ley de marzo del 2019 que prohíbe incrementos por encima del IPC.
- Seguro de impago: En los contratos Lazora hace pagar al arrendatario un seguro de impago. Este gasto es totalmente ilegal en tanto que responde al interés del arrendador y no del arrendatario.
- Falsa declaración de negociación de las cláusulas: Una de las cláusulas más controvertidas dentro del contrato es la que afirma que cada una de las cláusulas ha sido negociada individualmente entre la empresa arrendadora y el arrendatario. Esto es totalmente falso en tanto que las inquilinas no pudieron acceder al contrato de alquiler hasta el mismo día de la firma y en las oficinas de la empresa. Ninguna de las cláusulas ni elementos contractuales pudieron ser negociados ni tampoco contrastados con la opinión de abogado y/o experto, dado que la empresa Lazora se negó.
- Posibilidad de retención de fianza: la empresa se reserva el derecho a retener la totalidad de la fianza si no se cumple con alguna de les condiciones de retorno de la vivienda, por muy ínfima que sea, por ejemplo, no haber pintado las paredes, cuestión desestimada por los Tribunales.
- Penalización por demora en la entrega de llaves: Azora impone el pago de hasta al 300% del precio del alquiler por día, por cada día que se retrase la entrega de llaves. Esto quiere decir que si un alquiler es de 900€, correspondería a unos 30€/día, por cada día que el inquilino esté en el piso fuera de contrato supondría un coste de hasta 90€. No se prevén penalizaciones equivalentes para el caso que quien incumpla sea Lazora.
- Autorización de inclusión en el registro de morosos: Azora obliga a los inquilinos a dar su consentimiento para que la empresa les pueda incorporar al registro de morosos. Esto no solo sobrepasa las competencias jurídicas de Azora, en tanto que para incorporar datos personales, la LODP dice que es necesario cumplir ciertos requisitos, sinó que es abusiva porque limita los derechos del arrendatario y no es una cláusula recíproca (el arrendatario no podría incorporar a Azora al registro de morosos si no le devuelven la fianza, por ejemplo).
- Renuncia a derechos en caso de interrupción de los suministros: Esta cláusula exonera de responsabilidad a Azora en caso de interrupción de los suministros, violando su obligación de garantizar “la habitabilidad de la vivienda” y a la vez no es recíproca ya que obliga al arrendatario a seguir cumpliendo con sus obligaciones (pago del alquiler aunque la vivienda no reúna las condiciones de habitabilidad).
- Derecho del arrendador a hacer visitas periódicas a la vivienda para comprobar el estado: Esta cláusula es abusiva dado que el arrendador se reserva el derecho a acceder a la vivienda previo aviso al arrendatario. Contradice la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda, que estipula que las visitas se podrían hacer previo consentimiento del arrendatario en base a sus necesidades.
- No devolución de gastos en caso que el arrendador incumpla el contrato: En caso que haya un incumplimiento de contrato, aunque sea por parte del arrendador (por ejemplo, por mal mantenimiento de la vivienda), el arrendatario no tiene derecho a ser compensado. Es una cláusula no recíproca, porque si fuera el arrendatario quien incumpliera el contrato, este sí que debería compensar económicamente a Lazora.
- Gastos por incumplimiento: El contrato estipula que ante cualquier incumplimiento será el arrendatario quien deberá asumir los gastos judiciales, sobrepasando las competencias de un juez, que es quien debería decidir quién asume todos los gastos en caso de un proceso civil.
Vecinas contra Azora en todo el Estado
Azora es la empresa matriz de las empresas Lazora, Encasa Cibeles y Témpore Properties, que cuentan con un total de 13.000 viviendas en todo el Estado español. Concretamente, en Catalunya hay 9 asambleas de vecinas que viven a fincas de Azora organizadas. Dos en Barcelona y una en l’Hospitalet de Llobregat, en Badalona, en Terrassa, en Sabadell y otra en Granollers. Estas nueve asambleas llevan organizadas y coordinadas desde hace ahora un año, denunciando las malas prácticas del fondo buitre, así como subidas abusivas en los contratos de alquiler de hasta el 80%.
De la misma forma en Madrid, hay 4 bloques de pisos en diferentes municipios que ya están organizados con el Sindicato de Inquilinos de Madrid para exigir una negociación; el pasado mes de julio el Sindicato también presentó una demanda contra Blackstone por cláusulas abusivas.
Convenio de colaboración del Colectivo Ronda y el Sindicat de Llogateres
Este litigio contra Lazora es el primero, fruto del convenio de colaboración entre el Colectivo Ronda y el Sindicat de Llogateres. Este convenio se firmó hace unos meses con el objetivo de poder impulsar juicios estratégicos en la defensa del derecho de las inquilinas. Concretamente, este primer proceso judicial puede dar resultados que afecten a centenares de inquilinos en toda Catalunya.
***Ahora más que nunca es momento de organizarse. La lucha inquilina ha demostrado que es posible cambiar las leyes y poner fin a la especulación de los fondos buitre. ¡Afíliate!***