Propuesta de ley del PSOE

El pasado 15 de marzo, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición de reforma de la actual Ley de Arrendamientos Urbanos. Desde el Sindicat de Llogaters i Llogateres, una vez analizadas sus líneas maestras, queremos posicionarnos ante una modificación legislativa demasiado tímida, cuya aprobación constituiría un cierre en falso para un problema que exige una ambición mucho mayor por parte de las administraciones: urge emprender una reforma sustantiva del modelo inmobiliario, y no limitarse a un mero embellecimiento cosmético del mismo.

Ya en la exposición de motivos de la propuesta de ley, el PSOE establece un diagnóstico sobre la problemática de la vivienda que difiere sustancialmente del que ha venido realizando el Sindicat desde su nacimiento, y que choca con algunos de sus presupuestos fundacionales. Así, cuando se afirma que «el aumento del precio del alquiler observado en los últimos ejercicios ha sido consecuencia, más que de la nueva normativa, del contexto general y de la coyuntura macroeconómica», se está negligiendo que la desregulación que en 2013 introdujo la modificación de la LAU a cargo del PP, destinada a poner en el mercado las viviendas vacías que las entidades bancarias habían acumulado de resultas de los desahucios, ha sido causa directa de la tendencia alcista de los precios. Lo mismo ocurre con la insistencia en que ese alza se deriva de la clásica ley de la oferta y la demanda («Demanda creciente de alquileres y oferta reducida de viviendas en alquiler explican los espectaculares aumentos sufridos por los niveles de las rentas arrendaticias») cuando en realidad a lo que se debe es a una ley que permite lucrarse especulativamente con un producto de primera necesidad como la vivienda, incrementando los alquileres sin que estén sujetos a índice alguno y sin tener en cuenta la realidad socioeconómica de las ciudades y las familias.

En esencia, la reforma de la LAU que ahora propone el PSOE consiste en revertir las modificaciones que en 2013 introdujo el PP en la LAU de 1994, obra de los socialistas, para volver a la situación anterior, sin atender muchas de las demandas que desde entidades como el Sindicat de Llogaters i Llogateres consideramos esenciales para proteger el derecho a una vivienda digna. Así, con los cambios que propone el PSOE la duración mínima de los contratos pasaría de los tres años actuales a la antigua cifra de cinco años (lejos aún de los seis para pequeños tenedores y doce para grandes tenedores que demandamos desde el Sindicat), con una prórroga tácita que dejaría de ser de un año para volver a ser de tres, y unas posibilidades de actualizar anualmente la renta que deberían estar sujetas a las oscilaciones del IPC, y no al libre pacto entre las partes. La modificación, en cualquier caso, prolonga ligeramente la estabilidad de los contratos, pero vuelve a abocar a los inquilinos a la misma desprotección una vez estos terminan y la propiedad puede imponer una subida inasumible de la renta o directamente optar por no renovarlos, situación que no se revertirá hasta que se regulen por ley los incrementos de las rentas y se fije (como ocurre, por ejemplo y sin ir más lejos, en Francia) que los contratos deberán renovarse de forma automática a no ser que el propietario tenga una necesidad familiar de primer grado.

Por lo que respecta a las garantías adicionales que se le pueden exigir al arrendatario además del pago de la fianza, la propuesta del PSOE propone ir más allá de la LAU del 94, introduciendo criterios reguladores que eviten los abusos de la propiedad. La medida, por desgracia, es un arma de doble filo: al desarrollar y especificar la cuantía de estas garantías, se contribuye a normalizar y extender una práctica abusiva, y que redunda en que los arrendatarios se vean forzados a pagar unas entradas prohibitivas para poder satisfacer su legítimo derecho a una vivienda digna. Desde el Sindicat de Llogaters i Llogateres pedimos que en ningún caso se exija pagar más un mes de renta como fianza, extensible a dos en el caso de los pisos amueblados.

La propuesta de ley del PSOE contiene, por demás, ausencias flagrantes. Falta apostar con decisión, por ejemplo, por ampliar el parque público de vivienda: pese a lo imprescindible que resulta para cubrir las necesidades de aquellos que no pueden acceder a pagar los precios de mercado, y a su efecto regulador sobre estos si se implementa en las proporciones adecuadas, en España apenas supera el 1 % del total, muy lejos de la media del 18 % que alcanza en los principales países europeos.

Además de eso, la propuesta de ley del PSOE mantiene injusticias inadmisibles, como el desahucio por procedimiento rápido o desahucio exprés, que aprobó en 2009 la ministra socialista Carme Chacón, y cuya derogación incluimos entre nuestras demandas fundamentales, así como la obligación de las administraciones de realojar a las personas desahuciadas por no poder pagar el alquiler, ya contemplada en el artículo 5.6 de la Ley 24/2015.

La propuesta del PSOE incluye algunas medidas más bien modestas pero positivas, como la eliminación de la necesidad de inscribir el contrato en el Registro de la Propiedad para garantizar ciertos derechos a los inquilinos, la recuperación del derecho de tanteo y retracto irrenunciable para el arrendatario, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que obligaría a los juzgados a notificar los desahucios de domicilio habitual a los servicios sociales locales o la posibilidad de que los inquilinos con ingresos inferiores a los 30.000 euros al año puedan deducirse un 10 % del alquiler. Otras, a pesar de sus buenas intenciones, son manifiestamente mejorables, y apuestan por beneficiar a los propietarios privados en lugar de pensar en los intereses públicos: en vez de premiar con bonificaciones fiscales a aquellos que se comporten con una ética mínima, alquilando por debajo de los precios máximos establecidos por las autoridades competentes (comunidades autónomas o ayuntamientos), habría que dificultar la acción de las empresas que se dedican a especular a costa de la vivienda: las SOCIMIs, que tributan al 0 % en el impuesto de sociedades, un privilegio intolerable que hay que eliminar de inmediato, y que la ley del PSOE ni siquiera menciona. Por su parte, el plan de promoción de viviendas sociales y dotacionales que se incluye en la propuesta de ley prevé una financiación insuficiente, de 650 millones de euros en cuatro años, que no se traducirá en una transformación significativa del panorama.

Tras el pinchazo de la burbuja de la compra, las administraciones han legislado para favorecer interesadamente una nueva burbuja, esta vez de alquiler, que en la actualidad tiene a los arrendatarios económicamente ahogados, legalmente desprotegidos y patentemente abocados a los abusos y la inestabilidad. El alquiler, hemos mantenido desde el principio, no debe ser visto sólo como una opción de vida temporal, para jóvenes o personas sin recursos, tácitamente desprestigiada y siempre en segundo plano frente a la propiedad, el modelo de tenencia que a lo largo de la historia han privilegiado las administraciones públicas españolas. Para garantizar que se convierte en una forma de vida digna, estable y asequible, no basta con volver a la ya muy precaria situación previa a la destructiva modificación de la LAU de 2013: hace falta transformar estructuralmente el modelo e introducir medidas de impacto; medidas como las diez que llevamos tiempo exigiendo, y que la propuesta de ley del PSOE en su formulación actual no alcanza en modo alguno a satisfacer.

 

Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les galetes. Més informació.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca