La regulación de alquileres, que necesita cambios para ser efectiva y bajar los precios ha centrado gran parte de la reunión
Una delegación del Sindicat de Llogateres de Catalunya y del Sindicato de Inquilinas de Madrid se ha reunido hoy viernes 11 de febrero con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. En la reunión, la ministra Raquel Sánchez ha expresado que la Ley de Vivienda presentada por el gobierno debe mejorarse en el trámite parlamentario y se ha abierto a estudiar todas las enmiendas que han presentado ambos sindicatos. El próximo jueves 17 se volverán a reunirse los Sindicatos con el Ministerio para trabajar al detalle el contenido de las enmiendas, .
Las organizaciones inquilinas han trasladado a la ministra los cambios imprescindibles en la ley para que la regulación de precios del alquiler sea efectiva. El planteamiento de esta medida que se hace en la propuesta de ley no convence en absoluto a los sindicatos de inquilinas. Para que lograra bajar los precios de los alquileres, habría que generalizar los supuestos de bajada de precios a todos los arrendadores (no solo a las empresas propietarias de diez viviendas o más, como prevé el texto actual), incluir un régimen sancionador, hacer menos restrictivos los criterios para la declaración de zonas tensas, prever la aplicación inmediata (sin periodos de gracia) y garantizar la vigencia de la regulación catalana, la Ley 11/2020.
Además de esta medida, otros aspectos de la ley hacen que no tenga efectos relevantes para la garantía del derecho a la vivienda y, concretamente, las personas inquilinas. Meses antes, junto con decenas de entidades más, presentamos una iniciativa de ley de vivienda mucho más ambiciosa que fue presentada por algunos grupos parlamentarios y rechazada por el pleno del Congreso. Las organizaciones inquilinas detectan en el texto del gobierno español oportunidades desaprovechadas que es imprescindible que se incorporen antes de su aprobación definitiva.
Concretamente, los sindicatos proponen repercutir los honorarios de las inmobiliarias y los administradores de la propiedad siempre a la parte arrendadora (como ya pasa cuando estas son empresas), para mitigar las barreras de acceso al alquiler. Así mismo, con el objetivo de hacer del alquiler una opción segura y estable, reclaman incorporar en la ley contratos renovables automáticamente y unas actualizaciones de la renta limitadas al 2% (hay que recordar que el IPC disparado hasta un 6,7% está provocando actualmente subidas inasumibles del alquiler). Por otro lado, las enmiendas propuestas recogen el reconocimiento del papel de las organizaciones inquilinas, límites al alquiler turístico y la eliminación de beneficios fiscales como los de las SOCIMI.
Apoyos de los grupos parlamentarios a las propuestas del Sindicato
Los sindicatos ya se reunieron el mes de enero con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y le trasladaron estas mismas necesidades de cambio en la ley. También están trabajando ya con los grupos parlamentarios para que hagan suyas las propuestas de las organizaciones inquilinas y condicionen la aprobación del proyecto de ley a la incorporación de estas enmiendas.