Reflexiones a raíz del suicidio en el desahucio en Bon Pastor

Reflexiones a raíz del suicidio en el desahucio en Bon Pastor

 

[ACTUALIZACIÓN] Compartimos el comunicado publicado ayer con nuevas aportaciones, fruto de los espacios de reflexión colectiva que hemos podido generar durante las últimas 24h. 

 

La noticia de que un vecino de Bon Pastor se quitó la vida ayer después de haber sido desahuciado es absolutamente triste y perturbadora, pero sobre todo, es muy significativa. En los últimos 10 años, más de un millón de familias han sido desahuciadas de sus hogares en el estado español. La crisis hipotecaria empezó la oleada, que fue seguida por la burbuja de precios de los alquileres y agraviada por una consecución de crisis económicas y sociales que han empobrecido y vulnerabilizado en todos los sentidos a sectores cada vez más numerosos de la sociedad.

 

Un buen parque de vivienda pública tendría que ser una de las herramientas principales para dar respuesta a los problemas de acceso a la vivienda. El hecho de que este desahucio se haya producido en una vivienda del parque municipal, hace todavía más compleja esta situación. Ante esta tragedia, queremos compartir tres reflexiones que nos parecen necesarias para entender y responder a lo qué sucedió ayer.

 

En primer lugar, hay que volver a denunciar la precariedad de los servicios sociales y la asistencia pública. Se trata, por un lado, de una falta de recursos humanos, económicos y administrativos que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo y que denuncian las mismas personas que trabajan en estos servicios. Por otro lado, hay que sumar el abordaje que hace que muchísimas personas, a pesar de ser atendidas, no se sientan acompañadas. Esta situación se hace evidente cuando los “mecanismos de acompañamiento y protección” que la administración activó para el vecino de Buen Pastor, no consiguieron evitar su suicidio. Un suicidio que ni es el primero, ni será el último si los mecanismos no cambian radicalmente tanto en su lógica de funcionamiento como en los de los que disponen.

 

Cuando una persona está en riesgo de ser desahuciada, son comunes la angustia y la desesperación, y es con esos sentimientos que acude a los recursos que tiene a su alcance (oficina de vivienda, servicios sociales, etc.). Le espera una odisea de citas, trámites, papeleo, derivaciones y esperas. “Te falta un documento”, “ya te llamaremos”, “no podemos hacerte el certificado de vulnerabilidad” o “¿no tienes ninguna amiga que te deje dormir en su sofá?” son frases demasiado habituales. Es comprensible que la sensación de muchas personas no sea la de acompañamiento ni protección por parte de un sistema que, colapsado, parece que esté atendiendo números antes que personas. No es extraño que muchas personas se sientan más acompañadas cuando llegan a alguna asamblea de los sindicatos y los colectivos de vivienda.

 

Contener el desastre no puede ser la lógica cuando los desahucios son la norma. El Sindicat de Llogateres y muchas otras organizaciones para quienes es habitual esta realidad, hace años que denunciamos que hacen falta recursos y procedimientos mejores y más claros. 

 

En segundo lugar, creemos que los desahucios directamente no tienen cabida en el parque público. No se puede repetir nunca más: hay que eliminar esta posibilidad, de la misma forma que hay que eliminar la judicialización de los conflictos relacionados con la vivienda. No puede ser que precisamente las personas con menos recursos sean las que se ven abocadas a este tipo de condena, sabiendo que precisamente las carencias de condiciones materiales básicas son una de las principales causas del sufrimiento psíquico en las personas, y en consecuencia, de su vulnerabilización. Echar a alguien de su casa es arrebatarle su máxima protección. Es empujarlo a la desesperación absoluta.

 

En tercer lugar, hay que mejorar el funcionamiento mismo del parque público. Creemos que, además de hacerlo crecer numéricamente, hay que trabajar a fondo los mecanismos de gobernanza y control comunitario por los que debe regirse. La relación del IMHAB (antiguo Patronato Municipal de Vivienda) con la población que vive en vivienda pública es de ‘sujetos problemáticos’, puramente asistencial, de apagar incendios, de tirar hacia adelante. Es prioritario poder generar los mecanismos necesarios para que esta relación no se base en el asistencialismo. Hay que poner en el centro la voluntad de las vecinas que viven en viviendas públicas e impulsar dinámicas comunitarias, hay que dejar de victimizarlas e infantilizarlas. Y si hay conflictos, habrá que encontrar la manera de resolverlos sin perjudicar todavía más la salud y las situaciones de las vecinas. Expulsar a alguien de su hogar no puede ser un castigo y nunca será la solución.

 

Para acabar, el Sindicat de Llogateres queremos expresar nuestro dolor a la familia y las amistades del vecino de Bon Pastor. Estamos seguros de que este suicidio ha generado dolor a todo el mundo, también a las personas implicadas en las administraciones públicas que deberían velar para que esto no se repita. Pero ante este fracaso, es inaceptable e insuficiente que la respuesta del Ayuntamiento sea dar unas explicaciones para contextualizar e intentar justificar el desahucio, cuando lo que es exigible es la asunción de responsabilidades y compromisos reales para que esto no pueda volver a pasar nunca más, empezando por eliminar los desahucios de vivienda pública. 

 

Si queremos que sea el último, hace falta que todas las administraciones muevan ficha.

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