Ayer entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) – aprobada el pasado mes de abril a propuesta del Partido Demócrata Catalán (PDeCat) en el Congreso- que permite acelerar los desalojos en viviendas ocupadas. Con esta reforma de la ley, cualquier persona física que sea propietaria de un inmueble ocupado puede denunciar y solicitar, en menos de veinte días, el desalojo de una vivienda. La ley no especifica una alternativa habitacional para las personas que en ese momento sean expulsadas de la vivienda; sólo especifica que, si los afectados lo solicitan, se notificará a los servicios sociales de cada municipio o comunidad autónoma la posible situación de riesgo de exclusión social.
Desde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas consideramos que esta reforma de la ley es un paso más hacia la criminalización de la pobreza y hacia la consolidación del poder desmesurado que se les ha otorgado a los propietarios en los últimos años, a partir de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En primer lugar, porque esta reforma se basa en un problema sobredimensionado: mientras que en el texto aprobado se afirma que “en la mayor parte de los casos […] han aparecido también fenómenos de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa […] pocas veces respondiendo a la extrema necesidad” lo cierto es que sólo entre un 10% y un 25% de las ocupaciones sin contrato son conflictivas, según el Instituto Cerdá en este estudio. Esta reforma de la ley omite el hecho que las personas que ocupan una vivienda lo hacen empujadas por una necesidad que las administraciones no se han preocupado de garantizar, especialmente durante los años de dura crisis socioeconómica.
Además, esta reforma permite que un juez ordene el desalojo de una familia sin ofrecerles ninguna alternativa habitacional, con tan sólo 5 días para recurrir la resolución. Esto significa dejar totalmente desprotegidas a personas vulnerables, ya que ni la ley tan siquiera obliga a avisar a los servicios sociales en todos los casos (de todas formas, avisar a los servicios sociales significa sobrecargar aún más a las administraciones locales, que ya de por sí tienen poco margen de maniobra debido a la falta de vivienda pública para realojar a estas personas).
Para blanquear este desahucio exprés, los promotores de la ley nos venden que han quedado excluídos bancos y fondos de inversión “ciñéndose a personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de vivienda social o poseedoras de vivienda social”. Este argumento presenta un error: lo primero, la ley obvia el hecho de que una persona física puede ser propietaria de varias fincas en todo el Estado y, por tanto, estar legitimada a solicitar este tipo de desalojos para hacer negocio igual que bancos y fondos de inversión. Por otra parte, bajo el término “entidades sin ánimo de lucro” el Estado, de manera implícita, permite a los bancos -como La Caixa o Banco Sabadell- acogerse a esta reforma a través de sus fundaciones.
En definitiva, desde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas creemos que el que se ignora con esta reforma es la razón por la cual existen las ocupaciones en precario: la existencia de 3,5 millones de viviendas vacías en todo el Estado -un 13% sobre el total-, el porcentaje más alto de toda Europa. Aunque aún sufrimos las consecuencias del estallido de la anterior burbuja inmobiliaria -cerca de 50.000 ejecuciones hipotecarias durante 2016- ya se está fraguando una nueva: el precio del alquiler se ha disparado un 18,4% sólo el 2017, y eso se traduce en que los vecinos y vecinas tienen que invertir un 40% del sueldo de media para pagar el alquiler. Esta nueva reforma de la ley es un síntoma de que las administraciones no quieren asumir su responsabilidad respecto al problema de la vivienda y prefieren perseguir a aquellos que, víctimas de la situación económica, se ven obligados a ocupar.
Actualmente, de los más de 60.000 desahucios de 2016, un 54,2% son derivados de la aprobación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en 2013. Cataluña es la autonomía con más desahucios tanto por impagos del alquiler como por ejecuciones hipotecarias; además, sólo dispone de un 1% de vivienda pública. Teniendo en cuenta que el PDeCat ha gobernado la región durante los últimos 8 años, creemos que la formación demuestra un cinismo absoluto cuando promueve iniciativas de este tipo para, supuestamente, ocuparse de las mafias residuales en lugar de ocuparse de la emergencia habitacional que sufrimos y que, en ausencia de políticas y leyes garantistas, puede agravarse todavía más.