Este miércoles 22 hará un año que la Ley de Contención y Moderación del Precio del Alquiler (11/2020) está vigente en 61 municipios de Cataluña. A estas alturas podemos celebrar que la ley está funcionando, que ha conseguido bajar el alquiler hasta un 5% en algunos de los municipios sin reducir la oferta. Pero la mejor evidencia es que 24 nuevos consistorios catalanes solicitado que se implemente la regulación a través de la declaración de área tensa necesaria para poder regular los precios. Y que 57 de los 61 municipios donde inicialmente se implementó la ley, ya la han refrendado y han pedido seguir regulando precios durante 5 años más. La regulación de precios continua vigente, pero hay que seguir luchando y ampliando nuestros derechos para garantizar el derecho a la vivienda.
Esta ley es el resultado de un gran pacto de país. Además de la mayoría parlamentaria (Esquerra Republicana, Junts Per Catalunya, Catalunya En Comú y la CUP), tiene el apoyo de la sociedad civil: más de 4.000 entidades sociales de Cataluña firmaron un manifiesto de apoyo al texto legislativo.
Este amplio apoyo que tiene la Ley proviene del trabajo que lleva haciendo el Sindicat de Llogateres en los últimos años. Es una Ley literalmente redactada y debatida durante meses por el Sindicat de Llogateres, producto del trabajo de analizar otras leyes de regulaciones de precios de alquiler, de entender muy bien el que requiere la situación social y económica de emergencia, y que ha contado con la participación de muchas voces expertas.
Esto se refleja en que es una norma moderada y equilibrada. Moderada porque después de 5 años de subidas permite limitar más subidas abusivas no solo a corto plazo sino durante los 5 años que vendrán (después de un aumento del 40% durante 4 años). Equilibrada porque no desincentiva la oferta: permite subir los precios de forma moderada si se hacen reformas, y no se aplica a las nuevas construcciones.
Este último año demuestra que la regulación de los precios del alquiler es una política de vivienda necesaria y eficaz. Los últimos datos oficiales muestran que la Ley está cumpliendo los objetivos por los cuales se implementó: contener y bajar el precio de los alquileres de las viviendas a las 61 ciudades con más problemas de acceso a la vivienda de Cataluña. Además, la formalización de nuevos contratos no ha dejado de aumentar.
De hecho, podemos celebrar que durante los últimos meses 24 municipios catalanes se han añadido a través de mociones a esta lista. Hay que recordar que la situación hasta ahora era dantesca: en los últimos 5 años, los precios de los alquileres han aumentado 30 veces más que los salarios, obligando a miles de familias catalanas a destinar más del 50% de sus ingresos a pagar el alquiler. La pandemia del Covid-19 solo ha hecho que agravar esta situación. En este contexto, la Ley 11/2020 ha funcionado para proteger a muchas familias ante subidas abusivas en una situación de emergencia habitacional.
Hace un año, cuando aprobamos la ley, algunos dijeron que sería tumbada por el Tribunal Constitucional inmediatamente. Pero la realidad es que lleva vigente un año y que todos los grandes Ayuntamientos de Cataluña (incluidos el de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, o el municipio de Badalona gobernado por el PP) han pedido prorrogarla 5 años más. Prácticamente los 61 municipios iniciales ya han pedido prorrogar la regulación 5 años, y 22 nuevos municipios que no estaban incluidos han solicitado empezar a regular. Esto prueba la legitimidad que disfruta la Ley de regulación de precios.
Esta legitimidad se encuentra en la utilidad social tiene, es una ley que da una mínima tranquilidad a la gente: ahora sabes a qué atenerte cuando se acaba el contrato, ya no te pueden hacer una subida abusiva y sin justificación. Con la regulación de precios, los inquilinos e inquilinas están protegidos ante la especulación inmobiliaria y pueden negociar las condiciones con algo más de garantías.
Pero los problemas de vivienda no han desaparecido: la regulación de precios es solo un paso adelante en la conquista de derechos sociales. La regulación de precios es una política necesaria para defender el derecho a la vivienda digna, pero hay que ir más allá. Ahora hay que seguir ampliando nuestros derechos.