Un año de la regulación de precios: el precio baja y la oferta se incrementa, pero hay incumplimiento

Precios más bajos y más contratos que hace un año

La Agencia de la Vivienda de Cataluña ayer publicaba los datos sobre los contratos de alquiler firmados en un nuevo trimestre tras de la regulación de precios, con datos basados en las fianzas depositadas. Con esto, se cierra un año entero de datos desde que se aprobó la Ley 11/2020 de contención de rentas.
Los datos del 3.º trimestre del 2021 muestran que, en un año, los precios han bajado más en los municipios regulados (-2,2%) que no en los que no tienen regulación (-1,6%). Así mismo, el número de contratos firmados han aumentado en las zonas reguladas (+9,1%), mientras han disminuido en las zonas no reguladas (-6,4%).

Hay que hacer cumplir la ley y sancionar quién se la salte

Aun así, los datos indican que hay incumplimiento de la ley, dada la subida de precio respeto el último trimestre, registrando un aumento del 3,5% en los municipios regulados.

Por un lado, el sector inmobiliario se está saltando sistemáticamente la ley, forzando subidas ilegales. Por otro lado, la responsabilidad de esto también es del Gobierno de la Generalitat, que está incumpliendo con su obligación de hacerla efectiva. Con la aprobación de la Ley 11/2020 no se acababa la batalla, sino que empezaba el trabajo de verdad: hacerla cumplir. A estas alturas la Generalitat ha puesto un total de CERO multas por incumplimientos de la 11/2020.

Llevamos meses alertando de que se está produciendo un efecto de impunidad, donde la falta de multas da a entender que los incumplimientos no serán perseguidos ni habrá consecuencias. La Agencia Catalana de Vivienda y la Agencia Catalana de Consumo tendrían que estar proactivamente vigilando y sancionando los incumplimientos, informando a toda la ciudadanía de sus derechos porque los pueda ejercer. No hay bastante al proclamar derechos si no se disponen de herramientas para defenderlos.

Experiencias internacionales constatan la importancia del seguimiento de la regulación de precios y la necesidad de que las administraciones sean vigilantes y hagan uso de su poder sancionador. Hay que cambiar de rumbo y pasar de las proclamas y la gesticulación a los hechos y los resultados.

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