Unos presupuestos que no cambian en nada la política de vivienda

Los presupuestos son la prueba del algodón de cualquier proyecto. Más allá de las palabras y la retórica, las cifras permiten entender cuáles son las prioridades. La propuesta de presupuestos que ha presentado el Gobierno de la Generalitat dista mucho del relato sobre políticas de vivienda que ha estado proyectando los últimos meses. En pocas palabras, se trata de un proyecto continuista donde, por más que buscamos, no encontramos ningún cambio que permita adivinar un viraje en la política de vivienda que se lleva haciendo en Cataluña desde hace décadas.

Los porcentajes de vivienda pública en nuestro país son ridículos comparados con otros países europeos, lo sabemos desde hace tiempo. En Cataluña tenemos un 1,6% de viviendas de protección oficial (entre públicos, de entidades sociales y cedidos por particulares), muy lejos de los porcentajes de países como los Países Bajos (30%), Austria (24%), Dinamarca (21%) o Francia (17%). La Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, marca que todos los municipios de 5.000 habitantes y las capitales de comarca tendrán que tener un mínimo de un 15% de las viviendas destinadas a políticas sociales antes del 2027, indicando además metas quinquenales para avanzar hacia este horizonte. No se han cumplido hasta ahora estas obligaciones legales y estos presupuestos no ponen sobre la mesa partidas en inversión que permitan revertir esta situación:

  • A pesar de que hay un aumento en el número de nuevas viviendas de protección, las cifras siguen siendo bajísimas, a la cola de Europa (pasamos de 1.943 viviendas a 2.700, para toda Cataluña). Además, no se especifica cuántas de estas serán de alquiler y la retórica del texto hace pensar que podrían ir principalmente a zonas periféricas.
  • El aumento en la adquisición de viviendas ya existentes a través del tanteo y retracto es insignificante. Se pasa de 376 a 450 viviendas. Así, las zonas urbanas realmente inmersas en procesos de especulación, gentrificación, empobrecimiento y expulsiones, se dejan en manos del mercado.
  • El aumento de la bolsa de alquiler social, a través de la captación de alquileres privados para bajar el precio por debajo de mercado, es todavía más ridículo: de 1.143 a 1.200 (un aumento de un 5% en unos presupuestos que crecen un 17%.
  • Solo las subvenciones a la rehabilitación tienen un aumento significativo (se duplican y pasan de 9.293 a 20.000 viviendas), a través de los fondos europeos. Pero tal y como están planteadas, estas subvenciones contribuirán a aumentar el precio de la vivienda. Es un problema que ya hemos denunciado reiteradamente en el caso de las ayudas a la rehabilitación estatales y de los ayuntamientos. Si no se condicionan a alquileres estables y asequibles y a prácticas no especulativas, la mejora de las viviendas irá acompañada de más subidas de precio y más expulsiones.

En segundo lugar, merece la pena analizar también el gasto destinado a políticas de vivienda. Se incrementan algunas ayudas que, a pesar de que se llevan una parte importante del presupuesto, no inciden en las dinámicas de mercado. En otras palabras, son parches a corto plazo que no abordan el problema estructural. Concretamente:

  • Las ayudas para pagar el alquiler aumentan de 60.790 a 65.500 (un 7.2% de aumento en unos presupuestos que crecen un 17%). No nos cansamos de recordar que estas ayudas acaban siendo una transferencia de dinero público a manos de los arrendadores.
  • Las ayudas para evitar desahucios aumentan fuerza (de 1.353 a 2.800), pero ya hemos visto con el programa “Reallotjem” que tienen un éxito muy dudoso, porque la mayoría de arrendadores se han negado a aceptar la subvención y han desahuciado el desahucio adelante.

En definitiva, estos no son los presupuestos que necesita este país para garantizar el derecho a una vivienda segura, digna y adecuada. Necesitamos, en primer lugar, priorizar de forma radical el crecimiento del sistema de vivienda pública de alquiler, que permita a medio plazo acercarnos a los referentes internacionales en este ámbito. Por eso hace falta mucha más inversión en este capítulo, y el uso de mecanismos (como el de compra de vivienda ya construida, mediante el derecho de tanteo y retracto) que permitan ampliar el parque público en todas partes, muy especialmente a las zonas donde hay más especulación y más falta de vivienda fuera del mercado. En segundo lugar, hacen falta muchos más recursos para asegurar el cumplimiento de las leyes de vivienda: controlar y sancionar el acoso inmobiliario, garantizar el cumplimiento de la regulación de precios del alquiler (utilizando el régimen sancionador activamente y de oficio) y hacer efectiva la obligación de alquiler social en los supuestos que ya marca la ley. Si el Gobierno quiere hacer el giro que prometió para garantizar el derecho a la vivienda, antes tendrá que hacer un giro en los presupuestos.

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