Valoración del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona de limitar la concesión de licencias de obras de rehabilitación a los propietarios que respeten los derechos de los inquilinos

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que supeditará la concesión de licencias de obras de rehabilitaciones de edificios destinados a vivienda al mantenimiento de las condiciones de alquiler de sus residentes.

La Ley del Derecho a la Vivienda y la Ley de Urbanismo establecen los deberes de conservación y mantenimiento de la propiedad, así como los derechos de los inquilinos y de los afectados urbanísticos, y tipifican como falta muy grave el acoso inmobiliario. Hasta ahora el Ayuntamiento siempre había actuado de forma reactiva, abriendo un expediente sancionador, cuando se denunciaba una de estas situaciones: en adelante, para que se conceda una licencia de obra será necesario que el área técnica de la Regidoria d’Habitatge emita un informe favorable, con carácter vinculante, que valore que se están respetando los derechos de los presentes inquilinos. Para que esta medida se implante habrá que reformar la ordenanza que regula las licencias, y para ello será necesario el apoyo de otros grupos políticos del Ayuntamiento, aparte del del Gobierno de la ciudad.

Esta medida se toma para evitar las situaciones, tan habituales, en que los inversores tienen como único objetivo maximizar sus beneficios, pasando por encima del derecho a la vivienda. Para hacerlo, amparados en exenciones fiscales injustas, compran propiedades verticales de las que expulsan a sus residentes, muchas veces acosándolos y atacando violentamente sus legítimos derechos.  Esperamos que medidas como esta hagan de Barcelona una ciudad cada vez menos hospitalaria con el capitalismo inmobiliario, que, sin ninguna ética ni escrúpulo, expulsa a la gente mayor y/o económicamente más vulnerable de los barrios donde está enraizada.

En los últimos años, la resistencia de los vecinos de los edificios afectados por esta situación, que se da en muchos barrios de la ciudad –como Sants, Sant Antoni, Poble Sec, Eixample, Sant Andreu…– ha indicado el camino. Esta propuesta del Ayuntamiento legitima aún más a los vecinos para seguir defendiendo el derecho a una vivienda digna.

Des del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas estaremos atentos al cumplimiento e impacto de esta medida, que valoramos favorablemente, e instamos al resto de grupos políticos del Ayuntamiento a trabajar de manera conjunta con el Gobierno municipal para conseguir la modificación de la ordenanza reguladora de licencias que es necesaria para implementarla.

Queremos enfatizar, en cualquier caso, la importancia clave de que la medida tenga verdadero carácter vinculante, y consideramos que es necesario destinarle todos los recursos humanos y económicos necesarios para conseguirlo. Entendemos, a pesar de todo, que la nueva legislación sigue sin dar plenas garantías al inquilino, puesto que no asegura que no termine siendo víctima de una subida indiscriminada de la renta en cuanto su contrato se extinga. Por ello pedimos al resto de administraciones competentes en materia de vivienda y arrendamientos, Generalitat y Estado, que regulen socialmente el alquiler, limitando los incrementos de rentas por renovaciones y prolongando la duración de los contratos.

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