Somos tres compañeros de piso en el barrio de Hostafrancs, Barcelona, alrededor de la treintena. El piso ha sido alquilado desde hace años a personas de nuestro entorno. Los últimos años hemos sufrido una subida de alquiler, viendo cómo Barcelona se deshace y como los propietarios se escudan en el mantra “es el precio de mercado”, como si se tratara de un dogma bíblico. El 2017 pagábamos 870 euros y llegamos a las puertas de la pandemia pagando 1000 euros.
La coincidencia hizo que tuviéramos que renovar el contrato de alquiler durante las primeras semanas del primer confinamiento, rodeados de incertidumbre. La propiedad nos planteaba un contrato de 1000 euros por 5 años con subidas anuales de 50 euros, pero nos aseguraba una rebaja si la situación económica se complicaba por la COVID-19. Al cabo de un mes nos encontrábamos en medio de un panorama de incertidumbre y vulnerabilidad: uno de los compañeros sin trabajo y sin posibilidad de paro; otro en ERTE, con un contrato a dos meses de su finalización, y otro caso con una reducción de la jornada laboral a la mitad con un contrato en pruebas.
Pedimos una rebaja del alquiler, puesto que no nos podíamos acoger a ninguna de las medidas que se aprobaban y no reuníamos las condiciones para pedir la ayuda ordinaria de alquiler. Ya veníamos de una situación laboral precaria, “marca” de la generación que ya vivimos la crisis del 2008. La generada por la COVID-19 nos ha acabado colapsando. La propiedad no accedía al que pedíamos y tan solo ofrecía una rebaja de 30 euros mensuales por cabeza durante un año.
En este momento nos afiliamos al Sindicat de Llogateres, expusimos nuestro caso en asamblea, aprendimos a escuchar otros casos y nos sentimos acompañados. Pudimos ver en primera persona como la fuerza colectiva es el camino para hacernos fuertes ante la opresión sistémica que estamos sufriendo y que está destruyendo vidas, barrios y la ciudad. Con el Sindicato pudimos ver que las subidas anuales no se correspondían con el articulado de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Primero, intentamos establecer una negociación para una reducción de alquiler por situación vulnerable. Se dieron diferentes intentos de negociación frustrados y optamos por realizar impagos parciales en el alquiler.
Finalmente, después de 6 meses bajo la amenaza de ir a juicio y de desahucio, con la ayuda del Sindicat, conseguimos retirar las cláusulas no correspondientes a la ley, blindando el alquiler a 1000 euros mensuales durante 5 años. Esto supone que nos hemos ahorrado 6000 euros que sumaban las subidas anuales. Durante este tiempo hemos tenido que aguantar provocaciones, frustración y sentir como jugaban con nuestra vida por sus beneficios. Hemos sufrido la esencia del capitalismo, el que chupa de los que menos tienen, en este caso de un derecho básico, la vivienda. Si lees esto no lo dudes ni un momento, ¡afilíate! Si nos organizamos, aprendemos y ganamos experiencia de forma colectiva, nos empoderamos y construímos camino para parar los abusos de un sector enloquecido por la especulación y la carencia de regulación.