Victorias inquilinas. Han devuelto la fianza a Marta: “Me di cuenta de que no era tan complicado. ¡Nuestra fuerza es la acción colectiva!”

Marta vive en el barrio de Sant Antoni. Hace ocho años decidió ir a vivir allí desde Alacant para estudiar y trabajar. Como tantas otros vecinos y vecinas de Barcelona, últimamente se ha topado con los abusos de las inmobiliarias. Esta vez, el conflicto se hizo evidente un mes antes de acabar el contrato: “Me enviaron un burofax para decirme qué día tenía que devolver las llaves y cómo hacerlo sin ni siquiera preguntarme si quería continuar.”. Mientras tanto, la propiedad acababa de ofrecer a tres vecinos de la escalera la renovación. ¿Por qué a ella no le permitían continuar? Marta no había dejado de pagar, ni generaba molestias, ni nada parecido: “La única diferencia es que reclamé un derecho”.

Concretamente, había pedido acogerse al aplazamiento del pago de su alquiler en plena pandemia. Esta demanda no sólo era legítima, sino también una obligación legal, ya que con la llegada de la COVID-19 habían bajado el sueldo a Marta. En lugar de acceder a ello, el administrador de fincas -que actuaba en nombre de un gran tenedor- la presionó para evitarlo, insistiendo en que le quedaban pocos meses de contrato. El administrador fue más allá: le dijo que aquel piso era demasiado grande para alguien que vivía sola. ¿Sesenta metros cuadrados, demasiado grande? Finalmente, Marta consiguió reunir los ingresos para poder pagar y la situación no fue a más, pero los abusos de la propiedad continuaron después de abandonar el piso.

Cuando ya hacía diversas semanas que se había mudado, no le devolvían la fianza. “No me habían dicho nada, así que comencé a enviarles correos electrónicos y no me respondían. También llamaba, pero me daban largas”, explica Marta. En medio de esta situación, una vecina grande de la escalera que había sufrido mobbing le recomendó que se afiliara al Sindicat de Llogateres. Pocos días después, Marta se afilió y vino a la asamblea inquilina, donde se informó de sus derechos: ¡el arrendador debe devolver el importe completo de la fianza en un máximo de treinta días! Juntas, decidieron que ahora se exigiría esta fianza como Sindicat, y si se negaban, responderían juntas. ¡Curiosamente, ahora sí que el administrador de fincas respondía los mails!

Para Marta, es claro cómo ha conseguido parar este abuso: “Como en todos lados, lo que nos hace fuertes es la acción colectiva y tener información sobre nuestros derechos. Me di cuenta de que no era tan complicado conseguirlo. Me decidí a denunciarlo, ¡y podía hacerlo porque contaba con el apoyo de la asamblea inquilina!”

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