Una persona ha vivido en Carme 106 desde 2008, pero su hogar se ha convertido en el centro de una batalla constante por la vivienda desde que, hace cinco a\u00f1os, la SOCIMI Optimum Spain RE compr\u00f3 el edificio donde vive y comenz\u00f3 un proceso de desalojo de todas las vecinas para especular con las viviendas. Despu\u00e9s de un primer intento en 2019, que termin\u00f3 con la firma de una pr\u00f3rroga de los contratos gracias a la organizaci\u00f3n vecinal con el Sindicat, nuevamente Optimum quiere desalojar a la persona y ya tiene fecha para hacerlo: el pr\u00f3ximo 16 de abril. Y es que el juez responsable del caso no ha detenido el procedimiento a pesar de que la persona tiene derecho a un alquiler social y a pesar de estar vigente la moratoria de desalojos aprobada por el Gobierno del Estado.<\/p>\n\n\n\n
Una vez m\u00e1s, vemos c\u00f3mo la escasa normativa existente que podr\u00eda favorecer a los inquilinos termina siendo papel mojado y c\u00f3mo el Ajuntament de Barcelona no sanciona a los fondos buitre que incumplen la ley 24\/2015, que les obliga a ofrecer un alquiler social a los inquilinos en situaci\u00f3n de exclusi\u00f3n residencial, como es el caso.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, ante la inacci\u00f3n de la administraci\u00f3n p\u00fablica, se lleva el caso de la persona a tribunales internacionales presentando un recurso al PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales), el tratado multilateral que forma parte de la Carta de Naciones Unidas y que permite a las v\u00edctimas de violaciones de derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales presentar denuncias a escala internacional. En paralelo, se ha abierto tambi\u00e9n un procedimiento contra Optimum RE para que se sentencie su derecho a alquiler social, pero a\u00fan est\u00e1 en curso. As\u00ed, aunque la persona tenga derecho a alquiler social, podr\u00eda ser desalojada en menos de dos semanas.<\/p>\n\n\n\n
En 2018, Optimum Spain RE compr\u00f3 el bloque donde vive la persona y comenz\u00f3 un intento de expulsar a todas las inquilinas que viv\u00edan all\u00ed neg\u00e1ndose a renovar los contratos de alquiler, incluido el de la persona. Paralelamente, la nueva propiedad dej\u00f3 de cumplir sus obligaciones en el mantenimiento de los espacios comunes de los edificios, implementando t\u00e9cnicas de acoso inmobiliario y generando un entorno hostil para forzar la salida de las inquilinas, especialmente la de aquellas que ten\u00edan contratos indefinidos.<\/p>\n\n\n\n
Ante esta situaci\u00f3n, la persona y sus vecinas se organizaron con el Sindicat de Llogateres y, en 2019, consiguieron pr\u00f3rrogas de tres a\u00f1os sin aumentos de precio. Hace dos a\u00f1os, sin embargo, finalizaron las pr\u00f3rrogas y el fondo participado por Cerberus y del que fue presidente Josep Borrell Daniel, nombre destacado de la burgues\u00eda local, se volvi\u00f3 a negar a renovar contratos. A pesar de numerosos intentos de contacto, Optimum siempre se ha negado a negociar y acab\u00f3 interponiendo una demanda contra la persona, a pesar de que cumple todos los requisitos para tener derecho a un alquiler social, seg\u00fan la ley 24\/2015, que obliga a los grandes tenedores a ofrecerlos cuando la persona inquilina acredita encontrarse en situaci\u00f3n de exclusi\u00f3n residencial, entre otros supuestos. Por otro lado, la persona abri\u00f3 un procedimiento contra Optimum RE para que se sentenciara su derecho a alquiler social, pero a\u00fan est\u00e1 en curso.<\/p>\n\n\n\n
De hecho, el juez detuvo temporalmente el procedimiento iniciado por Optimum para dar la posibilidad de negociar el alquiler social, pero la propiedad siempre se ha negado. No obstante, aunque haya otro procedimiento abierto que puede reconocer el derecho de la persona a alquiler social y, por lo tanto, la obligaci\u00f3n de Optimum de ofrec\u00e9rselo, el juez se niega a suspender el procedimiento definitivamente.<\/p>\n\n\n\n
Durante este procedimiento, la actuaci\u00f3n de Optimum ha sido un disparate continuo: le dijeron a la persona que la quer\u00edan realojar en otro hogar y, cuando ella acept\u00f3 ir a ver el piso, la propiedad dej\u00f3 de contestar hasta el d\u00eda antes del juicio cuando, a \u00faltima hora, le comunicaron que no le quer\u00edan ofrecer ning\u00fan alquiler social. La situaci\u00f3n es de tal gravedad que, en conversaciones, Optimum ha llegado a admitir que le \u00abda igual\u00bb pagar la multa administrativa por no ofrecerle el alquiler social al que est\u00e1n obligados y que les sale m\u00e1s a cuenta la sanci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El caso de la persona no es \u00fanico: solo en el Sindicat de Llogateres tenemos una decena de afiliadas que tienen derecho a alquiler social seg\u00fan la ley 24\/2015, pero que los respectivos grandes tenedores est\u00e1n incumpliendo. Esta ley responsabiliza a los grandes tenedores (bancos y fondos buitre) de la actual crisis habitacional, y los obliga a ofrecer un alquiler social a aquellas familias a quienes se les finaliza el contrato o no pueden continuar pagando el alquiler o la hipoteca, y tambi\u00e9n a quienes viven sin t\u00edtulo habilitante y est\u00e1n en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. En el Sindicat de Llogateres, la mayor\u00eda de las inquilinas en riesgo de desalojo y a quienes se les est\u00e1 negando el derecho a alquiler social son familias que viven en pisos propiedad de fondos de inversi\u00f3n que expulsan a todas las inquilinas para especular con edificios enteros.<\/p>\n\n\n\n
La ley antidesahucios catalana ha demostrado sus efectos deteniendo 5.000 desalojos en sus primeros 5 a\u00f1os de funcionamiento. \u00bfPor qu\u00e9 no en el caso de la persona? Porque desafortunadamente bancos y fondos de inversi\u00f3n todav\u00eda creen que disfrutan de impunidad para incumplirla, y esto es gracias a una Administraci\u00f3n que no est\u00e1 a la altura de las circunstancias y no est\u00e1 atendiendo a las miles de familias que ven c\u00f3mo se vulneran sus derechos. En este caso, quien tiene la responsabilidad de sancionar<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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