Me llamo Carine y tengo 42 años. Soy vecina del barrio de Vallcarca (Barcelona), donde compartía un piso de 66 m2. Tenía un alquiler de 1150€, bastante inflado para el tamaño de la casa. Pero así eran los precios cuando lo alquilamos, en julio del 2019.
Cuando llegó la pandemia y empezó el estado de alarma, en abril del 2020, mi compañero de piso se fue y sufrí una reducción de ingresos. Ya no podía pagar la renta entera. Me sentía desamparada.
Pero afortunadamente, me enteré de la huelga de alquileres en mi barrio, gracias a los carteles que llenaban las plazas y las principales calles. Así que empecé a ir a las asambleas del Sindicat de Llogateres, así como a las del comité de huelga de Vallcarca. Animada por los consejos que me daban, me comuniqué en mayo con la propiedad, pidiendo una rebaja, y empecé a pagar el 50% de la renta.
Al inicio, la propiedad no quería negociar. Pero después de varios meses, y gracias a la interposición del Sindicat de Llogateres, aceptaron reunirse. Era el momento de la adopción por el Parlament de la Llei de contenció de preus dels lloguers (11/2020), donde se reconocía también el papel mediador de las organizaciones inquilinas. Esa regulación, aunque no repercutía de manera retroactiva sobre un contrato vigente, me dio, sin embargo, argumentos para negociar una rebaja. El índice de precios del alquiler aplicado a mi piso no podía superar los 900€.
Después de una serie de reuniones con la propiedad, llegamos a un acuerdo en el que me condonaban el 50% de la deuda acumulada y me bonificaban la renta a 900€durante lo que quedaba de contrato, hasta el 2026.
La negociación no fue fácil, pero con el apoyo y la mediación del Sindicat, he podido conseguir algo que no me hubiera sido posible conseguir sola. La organización colectiva no solo da la fuerza, sino también persistencia, imprescindible en la lucha. Ésta fue dura y larga, ¡pero ha valido la pena!
Cuando mi propietario al final me dijo “eres valiente”, mi respuesta fue que, simplemente, no tenía otra opción. Era mi hogar, y no tenía dónde ir. Y este es el problema. La vivienda no es una opción. Es una necesidad.
¿Sería mucho pedir desarrollar un proyecto de vida estable durante unos años? ¿O poder pensar en otros asuntos que la vivienda? ¿O poder dormir por las noches? Por eso es tan urgente, que, para la vivienda, un bien de primera necesidad, los precios tengan una regulación, que no estén sujetos a la especulación. Espero que se mantenga la ley 11/2020 y que, en vez de invalidarla, se amplíe al resto del Estado. Somos muchas los que lo pedimos. No hay otra opción.