La presencia de una cuarentena de miembros del Sindicat de Llogateres en la puerta del bloque ha evitado el desahucio este mediodía.
Urban Power volverá a intentar desahuciar a Jordi y a su familia el próximo viernes, 26 de junio, a las 09:00 de la mañana.
La votación en el Congreso de PP, Vox y Junts contra la moratoria de desahucios empieza a mostrar sus efectos con el intento de ejecución de desahucios que llevaban años paralizados.
El bloque del que han expulsado a Jordi, en la calle Marina, ya cuenta con al menos cinco pisos turísticos con licencia, y el resto de viviendas se destinan al alquiler temporal.
18 de mayo de 2026 – Este miércoles, Urban Power, la empresa propietaria del bloque de viviendas de la calle Marina, 124, no ha podido expulsar a Jordi, a su mujer y a su hijo menor de edad del piso en el que viven desde hace 22 años. Urban Power es una empresa inmobiliaria con 29 viviendas, según datos del registro de la propiedad, y adquirió el bloque en 2018 de manos de otra empresa, Privat Cunit SL. El desahucio ha sido aplazado, debido a la presencia de una cuarentena de militantes del Sindicat de Llogateres en la puerta, hasta el próximo viernes, 26 de junio.
Según consta en la web de licencias del Ajuntament de Barcelona, cinco de los nueve pisos del bloque disponen de licencia de Vivienda de Uso Turístico, viviendas de las que previamente ya se había expulsado a otros vecinos. Sin embargo, las demás viviendas que formalmente no son turísticas también se están destinando al alquiler temporal para personas no residentes, según el testimonio de Jordi y su familia.
Esta situación es consecuencia directa de la caída de la moratoria antidesahucios en el Congrés dels Diputats, gracias al voto decisivo de Junts per Catalunya, PP y Vox, en la votación del pasado mes de febrero sobre el decreto. Tal y como advirtieron los Sindicats de Llogateres, esta decisión llevaría a una situación límite perfectamente evitable para miles de familias catalanas.
Enric Aragonès i Jové, portavoz del Sindicat de Llogateres, ha explicado desde la puerta del bloque que «Jordi y Jacqueline ponen nombre y rostro a una historia que se repetirá 60.000 veces, porque Junts, PP y Vox decidieron con su voto que se pudiera echar a familias vulnerables sin ninguna alternativa y dejarlas en la calle».
Jordi y su familia se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y social, según los informes de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, y han acumulado deuda por impago desde que su mujer, que padece una enfermedad recurrente, se quedó sin trabajo en el contexto de la pandemia.
Aun así, la demanda no es por impago, sino por finalización de contrato: la anterior empresa propietaria, Privat Cunit, SL, ya se había negado a renovar el contrato desde que finalizó en 2014, y la situación se fue prorrogando hasta que la nueva empresa propietaria, Urban Power, inició la demanda por finalización de contrato una vez adquirido el edificio. Jordi y su familia reclamaron desde el primer momento un nuevo contrato de alquiler, pero se encontraron con la negativa de la empresa. La situación de impago, consecuencia de una situación económica precaria en el contexto de la pandemia, comenzó posteriormente.