Ayer logramos que se suspendiera el desalojo, pero la lucha continúa
Ayer, alrededor de medio centenar de vecinas de Salou y Tarragona, junto con militantes del Sindicat de Llogateres de toda Cataluña, conseguimos frenar el desahucio de La Quica y su familia en Salou. La Quica y su esposo tenían una orden de desalojo después de dos años sin contrato, y La Caixa los demandó, a pesar de que continuaron pagando y exigieron la renovación de su contrato de alquiler. Sin embargo, La Caixa se niega porque está vaciando todos los pisos de la promoción de viviendas de protección oficial con el objetivo de venderlos.
La pareja se postuló a la convocatoria abierta ofrecida por el Ayuntamiento de Salou para mudarse a la promoción, construida en 2009, y obtuvieron un contrato de alquiler de cinco años, aunque les dijeron que al finalizar podrían renovarlo o tendrían derecho a compra. Pero no sabían que el régimen de alquiler social de la promoción, que obliga a la propiedad a tener los pisos alquilados, solo era de 10 años. A partir de 2019, cuando finalizaba el régimen, la Obra Social, disuelta y ahora constituida como ImmoCriteria (CriteriaCaixa), se dedicaría a no renovar ningún contrato de alquiler y expulsar a todas las familias para vender los pisos. Así es como se llega a la esperpéntica situación de la promoción de VPO de Salou: 40 viviendas de las 80 que tiene el edificio, completamente vacías y sin cumplir su función social, a 15 años de haberse construido con casi 2 millones de euros de financiamiento público.
Desalojo aplazado pero la lucha continúa
La comitiva judicial que vino a desalojar a La Quica accedió a posponer el desalojo hasta el 18 de marzo, pero esto no es una solución para La Quica ni para el resto de las vecinas que se encuentran en situaciones similares. Cientos de familias están sufriendo las consecuencias de las estrategias de especulación de La Caixa con 37 promociones de viviendas protegidas en toda Cataluña. Por eso, las vecinas y el Sindicat de Llogateres exigimos a las administraciones públicas que intervengan y obliguen a La Caixa a negociar con el Sindicat una solución para todas las vecinas en riesgo de expulsión.