Reacción de las entidades impulsoras de la medida del 30% ante el anuncio de Collboni de que renuncia a modificarla
Hoy el alcalde Jaume Collboni ha descartado definitivamente para este mandato la reforma de la medida de reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas construcciones y rehabilitaciones, una intención que el gobierno municipal había expresado desde las últimas elecciones. Durante estos dos años, las entidades que impulsamos la medida hemos estado desenmascarando la verdadera intención de la reforma: desmantelarla para dejarla sin efectos y así cumplir con los deseos de la patronal de la construcción, que se opuso desde el principio. Gracias a la presión popular, finalmente el PSC se ha visto solo y acorralado pactando la reforma únicamente con Junts, aparcando lo que era un claro recorte del 30%.
Esta es, por tanto, una victoria de las organizaciones y colectivos que impulsamos la medida y de toda la ciudadanía organizada que lucha cada día por el derecho a la vivienda, en un contexto de fuerte preocupación y contestación social en las calles durante los últimos meses. La medida tiene un doble objetivo que hemos conseguido salvar gracias a la presión y contra todo pronóstico: ampliar el parque de vivienda protegida, especialmente en zonas ya consolidadas de la ciudad donde es difícil impulsar nuevas promociones, y desincentivar operaciones especulativas agresivas que suponen la expulsión de vecinas y vecinos.
Sin embargo, la decisión de no reformar la medida no hace desaparecer el problema más grave al que nos enfrentamos: el gobierno municipal no está aplicando la reserva del 30%. Tal como denunciamos ante la Sindicatura de Greuges de Barcelona, el ejecutivo ha archivado expedientes sancionadores, ha cambiado los criterios para evitar aplicar sanciones más elevadas y ha incumplido su obligación de inspeccionar y controlar el cumplimiento de la medida. Todo ello, con la intención de “demostrar” que la medida no funciona y justificar su desmantelamiento, haciendo el juego a la patronal inmobiliaria. El problema nunca ha sido la norma, sino la falta de voluntad para aplicarla.
Por tanto, sigue siendo necesario que la Sindicatura de Greuges investigue con rapidez los hechos denunciados e intervenga con firmeza para asegurar que el Ayuntamiento de Barcelona cumple con sus obligaciones legales y con la ciudadanía.
Por otro lado, pedimos la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de la medida del 30%, un órgano que ni este gobierno ni el anterior han convocado, a pesar de estar previsto en los acuerdos que permitieron su aprobación con una amplia mayoría en 2018. La propuesta de reforma nunca ha pasado por esta comisión, sino que se ha intentado impulsar mediante reuniones poco transparentes. Ahora la comisión debería tomar las riendas de la situación, pedir explicaciones por los incumplimientos del Ayuntamiento y asegurar que la medida se aplica con contundencia y valentía, con las sanciones previstas ante los incumplimientos y con los recursos necesarios para hacerla cumplir en cada promoción obligada, donde podemos ganar vivienda protegida a la que no podemos ni queremos renunciar.
El alcalde Collboni tiene que mover ficha: el derecho a la vivienda de las vecinas no puede esperar al próximo mandato. ¡Vivienda protegida ya! ¡El 30% se queda!