En los últimos años, las feministas que formamos parte del movimiento por la vivienda hemos llenado las calles con nuestras denuncias y reivindicaciones para visibilizar una lucha que tiene como objetivo principal la construcción de una sociedad justa, digna y libre de discriminaciones y opresiones . Este año, volvemos a las calles sumándonos al Manifiesto #8M 2022 , el contenido del cual nos adherimos totalmente.
Este año volvemos a llenar las calles, las plazas los pueblos y ciudades con un grito común contra las violencias y opresiones que sufrimos las mujeres en todo el mundo. Un año más hay que salir a las calles para hacerlos nuestras. Las mujeres continuamos sufriendo en primera consecuencias sino que han agraviado la crisis sanitaria, política, social, laboral y de derechos civiles que llevamos arrastrando desde hace más de una década. Ser mujer continúa siendo un factor de riesgo también por el que hace la precariedad laboral y la pobreza. A las desigualdades por sexos ya existentes se suma la discriminación salarial, la subcontratación a través de contratos temporales, las jornadas parciales no deseadas, el paro, los bajos salarios, la discriminación laboral verso las mujeres que tienen criaturas y una precarización de las profesiones feminizadas. Esta precariedad que sufrimos las mujeres continúa necesitando de políticas públicas feministas que erradiquen las políticas patriarcales y capitalistas que capitalizan la mujer al mundo y velen para erradicar las violencias, opresiones y discrimanciones que sufrimos las mujeres.
Las consecuencias derivadas de la pandemia continúan teniendo una clara diferencia por sexo:
- Los ERTE han afectado principalmente a las mujeres, un 52,3%.
- Los hogares en que la sustentadora principal es la mujer han aumentado la exclusión más del doble de los hogares en que el sustentador principal es el hombre. Siendo un 13,5% de los hogares sustentados por mujeres las que han llegado a un estado de exclusión severa. Además, los hogares monoparentales, y sobre todo las encabezadas por una mujer son las que han llegado al 21% de exclusión social severa.
- La desigualdad y precarización laboral a la que estamos sometidas las mujeres provoca que la mayor parte de los ingresos vayan destinados a la vivienda, y por tanto estamos más expuestas a sufrir situaciones de pobreza y pobreza severa.
- La atención a los cuidados, una de las tantas cargas que el sistema patriarcal impone sobre las mujeres utilizando la socialización de género como instrumento opresor para conseguirlo, ha provocado más dificultades en las mujeres para conciliar cuidados y trabajo, puesto que la empleabilidad no ha implicado una reducción en la responsabilidad respeto las curas y tareas domésticas, todo el contrario ha aumentado la brecha de la desigualdad.
- Ser mujer, mujer racializada, víctima de violencia machista, en situación de sinhogarismo, monomarental, lesbiana, transgénero, mujeres explotadas sexualmente, mujeres jóvenes, es un factor de riesgo no solo respeto las dificultades en el acceso a la vivienda si no al sufrir situaciones de discriminación, violencia y explotación en la consecución de un hogar en la que vivir.
- El hogar es imprescindible para la vida, es un derecho fundamental y por eso en el sistema patriarcal en el que vivimos se utiliza como elemento extorsionador para agredir, explotar y amenazar las mujeres perpetuando así la cultura de la violencia (sexual, psicológica, física, económica) hacia las mujeres, utilizando un derecho fundamental como es el de la vivienda, para la consecución del poder, la satisfacción del deseo y lo domine machista.
- Las consecuencias de la emergencia sanitaria continúan presentes y han agraviado la situación crítica y estructural de desigualdades, expresadas en el conjunto de nuestras vidas y que afecta a todas las mujeres.
Por eso, las feministas que formamos parte del movimiento por la vivienda en Cataluña:
- Denunciamos la grave emergencia habitacional en Cataluña y en todo el Estado que sufrimos las mujeres. Las consecuencias de la crisis sanitaria han tenido un gran impacto en nosotros en cuanto al aumento de situaciones de pobreza y exclusión, incrementando así las dificultades que ya se daban previamente a la pandemia para pagar rentas e hipotecas, con el consecuente aumento escandaloso de desahucios. La vivienda está reconocida como un derecho fundamental en la Declaración Universal de los DDHH y en la Constitución Española, pero a día de hoy el Estado no ha desarrollado suficientes medidas para garantizar este derecho, de forma efectiva, para la mayoría de la población. Así mismo, las mujeres afectadas por los desahucios y la pobreza energética somos las primeras al poner nuestros cuerpos ante la policía y los juzgados para parar los lanzamientos y defender una vivienda digno.
- Exigimos políticas de vivienda feministas que den respuesta a las necesidades derivadas de la grave situación habitacional que suframos las mujeres y que garanticen un acceso a la vivienda seguro y la erradicación y penalización de toda práctica violenta y discriminatoria.
- Exigimos la reducción y limitación de los precios de alquiler, con medidas específicas por las mujeres, para garantizar que la discriminación que suframos en el ámbito laboral y económico no dificulta la ejecución de un derecho fundamental como es el acceso a una vivienda digno y en condiciones de seguridad.
- Exigimos políticas públicas de vivienda feministas ambiciosas y estructurales , que paren definitivamente los desahucios, amplíen el parque público de vivienda y que penalicen la especulación y la violencia inmobiliaria y económica verso las mujeres y el incumplimiento de la función social de la vivienda.
- Exigimos el cumplimiento escrupuloso de la Ley 24/2015 y la recién aprobada ley 1/2022, de 3 de marzo, obligando los grandes propietarios (bancos, fundes buitres, particulares multipropietarios, etc.) a ofrecer alquileres sociales a mujeres en situación de exclusión o que la sociedad discrimina.
- Exigimos el fin de la violencia policial, la judicialización de la política y la criminalización del derecho a la protesta gracias a la Ley Mordaza, entre otros. Por culpa de esta represión el movimiento por la vivienda lleva acumulados desde 2019 más e 364 multas, de las cuales 351 han sido puestas a desahucios, sumando un total de 206.141, a pesar de que sabemos que seguramente son muchas más. Ante este ataque a la libertad de protesta, hacemos bandera de la solidaridad y de nuestra fuerza para señalar un sistema penitenciario que condena la disidencia política y la pobreza y donde todas las presas sufren por partida doblo las discriminaciones, violencias cotidianas y perpetuación de los mandatos patriarcales.
- Si las administraciones públicas no garantizan una vivienda digno para todas, lo haremos nosotros mediante ocupaciones y acción directa. No restaremos calladas mientras vemos los efectos provocados por un Estado que durante la última década se ha dedicado sistemáticamente a empobrecer, mediante los recortes, un ya escaso sistema de protección social y que sigue desvalorizando los cuidados y la sostenibilidad de la vida en todos los niveles. Estos cuidados siguen recayendo de forma mayoritaria sobre las mujeres, tanto de manera remunerada como por las tareas naturalizadas en el ámbito del hogar y a nivel comunitario, realizadas con sobrecargas o externalizadas en condiciones precarias.
¡NOS REBELAMOS! Desde nuestra fuerza y por el cumplimiento de nuestros derechos: haremos movilizaciones, asambleas y acciones ocupando calles y plazas; hay convocadas paradas y huelgas en los lugares de trabajo remunerado por quienes las quieran secundar, así como acciones en los centros educativos. ¡Lo que nos une es visibilizar una vez más, y todas las que sean necesarias, este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer y promover la solidaridad activa y el apoyo mutuo a cada barrio y en cada pueblo!
¡Ninguna mujer oprimida, agredida ni discriminada! ¡Siempre feministas! Antipatriarcales, anticapitalistas y anticoloniales. ¡Autonomía feminista o barbarie! #Rebeldes