Hemos hecho una rueda de prensa para denunciar la firme voluntad del ayuntamiento socialista de Collboni de desactivar la medida a través de modificaciones
La ubicación escogida para la rueda de prensa no es casual. Se trata de la futura nueva promoción del número 1B de la calle Pelai, que hoy en día son todavía apenas los cimientos y el primer piso de un futuro nuevo edificio de 13 viviendas, a menos de 500 metros de la Plaza Cataluña. Este edificio incorporará viviendas a precio regulado, siendo un ejemplo de la utilidad de esta medida como herramienta de cohesión social. Evita que los residentes sean expulsados hacia una periferia cada vez más lejana, dejando el centro como una ciudad escaparate para el turismo y para una minoría de súper ricos que pueden comprar pisos de lujo.
Hasta diciembre de 2018, año en que se aprobó el 30% en Barcelona, la primera ciudad de Cataluña donde se implementó, la vivienda de protección oficial solo se podía ubicar en nuevas zonas de crecimiento fuera de la ciudad (suelo urbanizable) o en zonas de grandes transformaciones internas (suelo urbano no consolidado, como el 22@ o La Sagrera). Por lo tanto, en la ciudad construida prácticamente no se podía construir. Con el 30%, son los propios promotores privados quienes tienen la obligación de incluir vivienda asequible en los nuevos edificios. De esta manera, se puede distribuir vivienda por debajo del precio de mercado y favorecer la cohesión social y urbana, igualándonos a las experiencias europeas más avanzadas. Ciudades como París o Viena ya aplican medidas similares, y por eso el parque de vivienda asequible es del 20%, mientras que en Barcelona y el resto de Cataluña es del 1.5%, una de las tasas más bajas de Europa.
Jaume Collboni, líder del Partido Socialista y alcalde de la ciudad de Barcelona, creó a finales de septiembre un grupo de expertos para «ajustar» la medida después de constatar que «no funciona», sin aportar ningún estudio que lo demuestre. Intentó primero en el Pleno, sin conseguirlo en plena campaña electoral, y después de las elecciones a la comisión de urbanismo, aliándose con Trias y PP, aprobar dos resoluciones que proponen recortar el 30%. Pero realmente, ¿la medida no ha funcionado tal y como dicen los socialistas?
Boicot a la medida desde el primer minuto
En estos últimos años, la medida ha conseguido alrededor de 60 pisos protegidos. Aunque no es una cifra particularmente alta, esto se debe a varias cuestiones que no tienen nada que ver con su potencial.
En primer lugar, tanto el PSC como ERC pusieron como condición para aprobar la norma que no se aplicara la suspensión de licencias mientras esta se tramitaba. Por lo tanto, los promotores tuvieron unos cuantos meses para pedir licencias antes de que entrara en vigor, lo que provocó una avalancha de casi 600 licencias de obras mayores y certificados de aprovechamiento urbanístico más que en 2017.
En segundo lugar, se aplazó la entrada en vigor de la norma para las operaciones en curso durante 2 años, hecho que comportó que unos 57 expedientes quedaran exentos de cumplir con el 30%, porque ya tenían certificado urbanístico o habían justificado una compraventa antes de julio de 2016. Estos expedientes, de no haberse dejado pasar, habrían sumado 425 viviendas de protección oficial en la ciudad.
Para empeorar la situación, la crisis sanitaria de 2020 paralizó la actividad constructiva por todas partes, lo que retrasó 2 años más la aplicación de la norma, que funciona en las grandes promociones y rehabilitaciones. Sin olvidar las artimañas de los promotores, que en algunos casos optaban por solicitar un enterado o comunicado de obras menores, o subdividían las promociones de las fincas para evitar superar el número de metros cuadrados que les obliga a cumplir la norma.
Por otro lado, también ha influido la pasividad del propio ayuntamiento en el momento de hacer cumplir la norma, ya que no ha realizado suficientes inspecciones ni ha sancionado a quienes se saltaban la ley. De hecho, como mínimo, deberíamos ganar 120 viviendas de protección oficial más, contando los incumplimientos detectados y por los cuales se anunció la apertura de expedientes sancionadores en 2022. Con una vigilancia real del cumplimiento del 30%, podrían ser muchas más.
Por todo ello, no es casual que en 2023, cuando la medida apenas empieza a funcionar al 100%, hayan surgido críticas sobre su funcionamiento. Conocemos de sobra las maniobras de los lobbies especuladores para no perder ni un céntimo en el negocio que hacen con la vivienda: primero amenazaron con un «Armagedón» o la ruina si se aprobaba el 30% y no fue tal; después presionaron para que no se suspendieran las licencias, restando potencial inicial a la medida; una vez aprobada, la impugnaron en los juzgados para tumbarla sin razón aparente; y actualmente pregonan que no funciona en una especie de «profecía auto cumplida» y con el altavoz de Collboni y Trias para que lo recorten o lo vacíen de contenido.
Es evidente que estos intentos de derogarla tienen el objetivo de proteger los beneficios de las promotoras, y es por eso que Collboni ha formado un grupo de «expertos» para «modificar» la norma, entre los cuales, por alguna razón, no hay ningún representante de la sociedad civil ni mucho menos ninguno de las organizaciones que la impulsamos. En cambio, a pesar de que el Alcalde no ha hecho público quién conforma este grupo, no nos extrañaría que participe la misma Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) y por eso exigimos que se haga pública su composición. En caso de que así sea, claramente este grupo de expertos liderados por Carme Trilla no tendrá ningún tipo de credibilidad.
Lo que debería hacer el actual gobierno es destinar recursos al despliegue de la medida en su totalidad y velar porque todos los promotores la cumplan, incluyendo recursos humanos y económicos destinados a inspección y sanción