El 28 de febrero llenamos la plaza de Sant Jaume para dejarlo claro: suficientes excusas. Los pisos son para vivir, no para especular. La movilización del 28F fue un grito claro a los gobiernos: su cobardía frente al rendismo y la patronal inmobiliaria tiene consecuencias sociales y democráticas. Con sus excusas condenan a la mayoría social a vivir cada vez peor y ponen una alfombra roja a la extrema derecha.
Hace más de un año que la vivienda es la principal preocupación social. El año pasado miles de personas llenamos las calles para denunciar una crisis que no deja de agravarse. Durante este tiempo, los partidos han hecho un giro discursivo: reconocen el problema, aprueban leyes que no se cumplen y prometen cambios que nunca llegan. Pero las condiciones de vida de la mayoría social no mejoran.
Los alquileres continúan disparados, los portales inmobiliarios se llenan de anuncios de alquileres temporales y de habitaciones a precios de lujo, y los fondos de inversión operan con total impunidad: compran edificios enteros, no renuevan contratos y expulsan a inquilinas para multiplicar beneficios. Las sanciones son inexistentes, no hay un cuerpo de inspectores que defienda efectivamente a las inquilinas, y la moratoria de desahucios —ya insuficiente— deja fuera a miles de familias vulnerables.
La caída de la moratoria, tras seis años de vigencia, puede abrir la puerta a una avalancha de desahucios. A esto se suma la finalización de los contratos de medio millón de hogares en alquiler: contratos que no se renuevan, subidas inasumibles y expulsiones silenciosas. El 2026 puede marcar un punto de inflexión dramático.
Mientras se repite que “la economía va bien”, cada vez más familias destinan la mitad del salario al alquiler. Si no se toman medidas urgentes, cualquier mejora salarial o revalorización de pensiones queda neutralizada por el aumento de los alquileres. ¿De qué sirve subir pensiones o salarios si un rentista se queda con la mitad el día 1 de cada mes?
La crisis de la vivienda atraviesa toda la vida social: si los desahucios se disparan, aumentan las desigualdades educativas; si los alquileres suben, baja la emancipación juvenil y la natalidad; si proliferan los colivings y los alquileres temporales, se expulsa al vecindario y se degradan barrios enteros. No es un problema sectorial: es el centro del conflicto social.
Ante sus excusas, soluciones reales
Los partidos tienen la oportunidad de tomar medidas importantes en las próximas semanas. Lo que no tienen son excusas:
- Poner fin a todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional.
- Estabilidad habitacional: prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler.
- Acabar con las trampas de los alquileres temporales y poner fin a los colivings.
- Reforma de la LAU para acabar con las trampas y estafas de arrendadores e inmobiliarias.
- Fin de las compras especulativas y control real de los grandes propietarios y fondos de inversión.
Conflicto de clase o alfombra roja a la extrema derecha
Existe un desencanto político creciente. Los gobiernos y partidos que se reivindican de izquierdas no están asumiendo la responsabilidad de afrontar con contundencia la principal preocupación social ni están abordando el problema como un conflicto de clase. No están cambiando las condiciones materiales de vida de la gente trabajadora, mientras siguen repitiendo que la economía va bien.
Esto es aprovechado por una derecha neoliberal que promueve confrontaciones artificiales entre pensionistas e inquilinas o entre generaciones. Hagámoslo claro: no es un conflicto entre jóvenes y personas mayores, sino entre una minoría rentista y la mayoría trabajadora de todas las edades. Los mismos fondos de inversión que especulan con la vivienda impulsan la privatización de las pensiones y controlan un sistema de residencias cada vez más caro y precarizado: hoy el precio medio de una habitación en una residencia privada supera los 2.200 euros mensuales y casi el 90% de las plazas están en manos del sector privado. Pensionistas convertidos en inquilinos de residencias de fondos buitres.
Por otra parte, la extrema derecha más radical capitaliza el malestar social. Cuando no se garantiza el derecho a la vivienda, cuando se permite que los rentistas sigan acumulando beneficios y cuando se frustran las expectativas de la mayoría social, se está alimentando el terreno para que aparezcan discursos racistas, xenófobos y autoritarios. Buscan un chivo expiatorio y confrontan a los sectores más empobrecidos de la sociedad entre sí, mientras protegen a los verdaderos responsables: los grandes propietarios y los fondos de inversión.