Más de 7.000 organizaciones catalanas se adhieren al manifiesto Para bajar los alquileres: pongamos fin a la brecha de los alquileres de temporada
Barcelona, 5 de febrero
Un centenar de plataformas y organizaciones catalanas que representan a más de 7.000 entidades han firmado un manifiesto impulsado por el Sindicat de Llogateres a favor de poner fin a la brecha de los alquileres de temporada. Entre ellas se encuentran los principales sindicatos laborales del país, la Taula del Tercer Sector, las Entidades Catalanas de Acción Social, las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña o el Consejo Nacional de la Juventud, entre otras. El manifiesto se ha hecho público hoy, en medio del proceso de negociaciones para que el Congreso amplíe las medidas que protegen el derecho a la vivienda y en un contexto habitacional en el que los alquileres temporales y el alquiler de habitaciones siguen impactando sobre el mercado del alquiler.
Los ayuntamientos también reclaman soluciones a los grupos del Congreso
Ante esta problemática, diversos ayuntamientos catalanes han empezado a trasladar la necesidad de blindar la regulación de los alquileres temporales y de habitaciones al Congreso de los Diputados mediante la aprobación de mociones municipales. Barcelona, Sabadell, Sitges, Olot, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Mollet del Vallès, Blanes, Tàrrega, Barberà del Vallès y Viladrau han dado este paso, evidenciando un consenso creciente en el ámbito local ante la urgencia de hacer cumplir la regulación catalana, perseguir los fraudes de ley y blindarla en el Congreso de los Diputados. Cabe destacar que, en varios de estos ayuntamientos, Junts per Catalunya ha votado a favor de la moción (Olot, Vilanova i la Geltrú, Tàrrega) y en otros ha decidido abstenerse y no votar en contra. Las mociones se trasladarán a los grupos parlamentarios del Congreso, al Govern de la Generalitat y al Ministerio de Vivienda.
El alquiler de temporada en cifras
La proporción de contratos de temporada sobre el total en Cataluña ha pasado del 0,8 % en 2021 al 10,08 % en 2024, según INCASÒL. Solo entre 2023 y 2024 aumentaron un 44 % en Cataluña, llegando a suponer un 20 % del total de contratos firmados en ciudades como Barcelona. Esta fórmula ha permitido incrementar los precios sin límite y ha generado un incentivo para sustituir a inquilinos con contratos habituales por alquileres temporales o de habitaciones (a menudo bajo la fórmula de colivings). Con la entrada en vigor de la Ley 11/2025 se activa la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones en Cataluña y el tope de precios en esta modalidad, aunque las plataformas de alquiler y las agencias de coliving siguen anunciando mayoritariamente pisos con precios que incumplen la ley.
Un febrero decisivo para que el Congreso garantice el derecho a la vivienda
Los sindicatos de inquilinas llevan meses presionando a los grupos parlamentarios del Congreso para que aprueben una reforma legislativa de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que proteja definitivamente a los hogares inquilinos. Esta reforma incorpora, en primer lugar, una ley que regula los alquileres temporales y de habitaciones en todo el Estado, lo que blindaría y reforzaría la regulación catalana. En segundo lugar, se incorporarían prórrogas obligatorias a los contratos de alquiler vigentes, lo que daría estabilidad a los 155.000 hogares catalanes cuyo contrato de alquiler finaliza en 2026. Por último, la reforma incorpora una batería de medidas que protegen a los inquilinos frente a las principales estafas por parte de inmobiliarias y arrendadores: cobros del IBI o de la comunidad de vecinos, no devolución de fianzas o el incumplimiento de las obligaciones de reparación y mantenimiento de los inmuebles.
Está previsto que esta reforma de la LAU se vote en el Congreso de los Diputados este mes de febrero, y para que obtenga mayoría parlamentaria será necesario que Junts se abstenga, dado que ya cuenta con el apoyo de un amplio espectro de partidos (PSOE, PNB, ERC, Bildu, Sumar, Podemos y BNG). Además, a principios de marzo el Congreso deberá votar también la convalidación de la moratoria de desahucios para familias vulnerables y del escudo social, aprobados el 3 de febrero por el Consejo de Ministros.