Me llamo Laura. A mediados de junio de 2012 firmé un contrato de alquiler de cinco años, prorrogable a tres años más. Las condiciones eran las habituales antes de la última modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, y yo pagaba 650 euros por un piso de 40 m2 en el barrio del Putget y Farró, muy cerca de la plaza Lesseps.
A finales del mes de mayo de 2017, semanas antes de que finalizara el contrato de cinco años, la propietaria (una gran propietaria, que dispone de 27 inmuebles) quiso incrementar cien euros el precio del alquiler vía burofax. Cómo no había notificado su voluntad con el mínimo de treinta días que estipula la ley, le hice saber que no podía hacerlo. Admitió que se había equivocado, me subió sólo el IPC y me dijo que se pondría en contacto conmigo al año siguiente. Y, efectivamente, cuando llegó el mes de marzo de 2018, volví a recibir un burofax en que me pedía el mismo incremento del alquiler que el año anterior.
Fue entonces cuando decidí ponerme en contacto con el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas: no podía asumir la subida que se me pedía, así que me afilié y pedí una asesoría jurídica para intentar encontrar una salida a la situación. Una salida en la cual ya no confiaba, pero que se abrió ante mí al hablar con Laura, una de las abogadas del Sindicato: y es que, a pesar de que yo pensaba que transcurridos los primeros 5 años del contrato, la propiedad podía incrementar el precio del alquiler cada anualidad, la ley (y el mismo contrato que yo firmé con la propietaria) dispone que las condiciones durante la prórroga tienen que ser las mismas que los primeros cinco años si el contrato se ha renovado automáticamente, como pasó en junio de 2017 por falta de un aviso en plazo.
En resumen: la propietaria no podía subirme el alquiler hasta que acabara la prórroga; sólo tenía derecho a incrementarme el IPC. Es por eso que, por recomendación de Laura, le envié un burofax en que se lo exponía claramente, y, al ver que tenía la ley de mi parte, ella lo aceptó. Esta victoria, con la cual no contaba, me ha permitido hacer valer un derecho recogido en la ley que se me quería negar, el de quedarme tres años más en mi casa al mismo precio. Pero no sólo esto, también me ha hecho ser consciente de la importancia de conocer un marco legal diseñado deliberadamente en contra de los inquilinos y las inquilinas, tanto para combatirlo, como para velar porque no nos pisen los pocos derechos que todavía nos concede, y sobre todo de la importancia de negarnos a asumir que no hay nada que podamos hacer contra los abusos, de dejar de bajar la cabeza y aceptarlos, de organizarnos y tomar la iniciativa.