Ayer, 27 de junio, la Comisión de Fomento del Congreso aprobó una proposición no de ley en relación con la situación actual de subidas desmesuradas de los precios del alquiler y por las situaciones de exclusión residencial que se están generando. Esta PNL insta al Gobierno a:
- Facultar a los municipios que sufran incrementos desmesurados de los precios de alquiler para intervenir e impedir las rentas abusivas.
- Modificar la ley de arrendamientos, eliminando el desahucio exprés, ampliando la duración ordinaria de los contratos de 3 a 5 años y referenciando la actualización de rentas al IPC.
- Desarrollar nuevas ayudas al alquiler en el marco del futuro Plan Vivienda.
- Impulsar la creación de un parque público de vivienda mediante la cesión obligatoria del parque de vivienda desocupada de grandes tenedores a las comunidades autónomas.
- Revisar la fiscalidad que se aplica sobre las SOCIMIs, condicionando su aplicación al alquiler de vivienda asequible.
La iniciativa ha sido impulsada por el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y han apoyado PSOE, ERC, PNV, Compromís y Foro Asturias. PP y Ciudadanos han votado en contra.
Aunque no es una ley y por lo tanto no tiene carácter vinculante, el Sindicat de Llogaters i Llogateres valora como un importante paso adelante la aprobación de la proposición, especialmente en los puntos que hacen referencia al establecimiento de medidas de control de precios, el impulso de un parque público de alquiler, y la revisión de la figura de las SOCIMIs y su incidencia actual en el mercado de la vivienda.
Desde el Sindicato pedimos a los grupos políticos que quieran evitar que las situaciones de exclusión residencial vayan en aumento que:
- Aprueben en breve plazo un nuevo marco legislativo donde el derecho a la vivienda tenga carácter subjetivo. Que la ciudadanía que quede excluida por razones socioeconómicas de este derecho, lo tenga garantizado por la administración competente.
- Deroguen la LAU 2013 y avancen hacia una nueva ley de arrendamientos que también supere la de 1994, fomentando los contratos de larga duración, estableciendo medidas de control de precios y dotando de seguridad contractual a ambas partes, especialmente con criterios sociales.
- Obligar a las administraciones competentes, dotarlas de los recursos necesarios y fomentar las reformas urbanísticas adecuadas, para que desarrollen un extenso servicio público de vivienda de alquiler, que supere el modelo de promoción de VPO de compra-venta.
- Revisión de la fiscalidad sobre la vivienda, especialmente sobre las sociedades patrimoniales, incluidas las SOCIMIs, para fomentar la vivienda asequible y dotar a la administración de mayores recursos para desarrollar las necesarias políticas de vivienda.
El próximo curso político se iniciará con debates como la Ley de Viviendapresentada por la PAH, que aborda parte de estas propuestas, y que permitirán ver el posicionamiento de cada Grupo de cara al desarrollo de proposiciones que, ahora sí, tengan carácter vinculante.
El Sindicat de Llogaters i Llogateres estará al lado de quienes defiendan el derecho a la vivienda y a un alquiler justo.